Horas antes de ser detenido, el abogado Jon Enparantza denunciaba una estra- tagema de los estados francés y español, que incluía también la utilización política de medios de comunicación, para desviar el foco sobre el escandaloso caso de la desaparición y muerte del militante Jon Anza. Reiteró que nos encontramos ante un caso de guerra sucia. La rueda de prensa, en la que participó el también detenido Iker Sarriegi, finalizó con el llamamiento a los gobiernos de PSOE y UMP a que opten por la confrontación política y democrática con Euskal Herria y releguen a tiempos pasados las estrategias represivas. Ayer les respondieron, y con más de lo mismo.

Sobra decir que los letrados de los presos políticos vascos hace tiempo que están en la diana de las fuerzas represivas y los gobiernos de turno. Porque su labor supone un obstáculo para ese engranaje represivo en permanente perfeccionamiento, porque son testigos incómodos de las constantes vulneraciones que padecen los vascos que pasan por el tribunal especial y terminan en prisión, porque son altavoces de injusticias.

Pero la vigencia en Euskal Herria de aquel Plan ZEN que diseñó también un gobierno del PSOE -un tal Rubalcaba ya andaba no muy lejos de allí- no sólo se plasma en las constantes redadas que incluyen métodos extralegales, ni en la incesante persecución política, sino que busca ciertos efectos sicológicos en el enemigo. Para muchos vascos, la ilusión y las expectativas por la absolución de los imputados de ``Egunkaria'' queda ya atrás, aunque sólo han pasado 48 horas. Y la alegría por la excarcelación de los militantes detenidos en la razia de Segura queda descafeinada. ¿Casualidad? En este país no cabe tal caso.

Tampoco lo es que ayer fueran los medios de comunicación -españoles, claro- los primeros en llegar al despacho de abogados de la calle Elcano de Bilbo y, poco después, la Guardia Civil. O que una agencia de información especializada en filtraciones del Ministerio español del Interior ofreciera detallada cuenta de los arrestados al poco de arrancar el operativo ordenado por Fernando Grande-Marlaska. Un juez que ya ha dado sobradas muestras de por dónde se pasa los derechos ciudadanos la Audiencia Nacional. Por cierto, mientras los militares detenían, el juez vizcaino ofrecía una charla en Granada en la que pedía que los magistrados puedan prohibir información a los medios en casos como los de «terrorismo». Plan ZEN puro y duro.