El primer proyecto de centro de esquí de Larra se presentó en el año 2000, y ya entonces grupos ecologistas y cargos electos de Erronkaribar advirtieron de los problemas de accesibilidad. Diez años después los hechos les han dado la razón, ya que las nevadas de este pasado invierno han impedido en varias ocasiones que pudieran ser utilizadas unas instalaciones en las que el Gobierno de UPN ha invertido 3,7 millones de euros, además de presupuestar otros 9,3 millones en mejorar una carretera que carece precisamente de medidas antiventiscas. El alcalde de Izaba, Angel Luis De Miguel, ha culpado de esta situación a «los ecologistas», a pesar de que ningún grupo ecologista ha presentado durante los últimos años ninguna denuncia contra las actuaciones puntuales que se han venido realizando en la carretera que atraviesa Larra-Belagua.

Lo que sí denunciaron en su día los grupos ecologistas, y en concreto la asociación Larra-Belagua, fue la instalación de estructuras metálicas antialudes en la cara sur de Lakora, el monte por cuya ladera sur discurre la carretera de Larra. El proyecto del Gobierno de Nafarroa contemplaba la colocación de 1.200 vallas de tres metros de altura cada una. Este proyecto no fue sometido a exposición pública, ni contaba con el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ni tenía licencia municipal de obras. Además, las estructuras antialudes se instalaron en un terreno legalmente protegido, ya que está catalogado como LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), y como área de cría de la perdiz pardilla, incluida en el Catálogo de Especies en peligro de extinción.

Todas estas ilegalidades fueron denunciadas ante diversas instancias por el concejal Diego Bueno en nombre de la Agrupación Larra, que cuenta con tres de los cuatro ediles del Ayuntamiento de Izaba. Una de las denuncias fue formulada ante el Juzgado de Agoitz, pero la jueza María Luisa Corbacho ha decidido ahora su sobreseimiento y archivo pese a reconocer que «falta la cumplimentación de determinados presupuestos administrativos». Además, asegura que no ha habido «daño alguno» en el medio ambiente, a pesar de que las estructuras antialudes se colocaron sin ningún Estudio de Impacto Ambiental. Por ello, Diego Bueno se pregunta si esta actitud no supone una «temeridad jurídica».

Además, contrasta esta decisión judicial con las recientes condenas de prisión y multas a varios vecinos de Azkoien por construir sin licencia de obras en terrenos rústicos. «La imagen que están dando los juzgados de Nafarroa constituyen un escándalo judicial y social. Los ciudadanos corrientes -afirma este concejal- debemos cumplir las leyes, mientras que otros ciudadanos, en función de su cargo, de su sueldo o de su pertenencia al partido en el poder, tienen patente de corso para vulnerar el ordenamiento municipal y las leyes forales y comunitarias».

Las cuentas «no cuadran»

Resulta significativo que el propio Gobierno de Nafarroa paralizó el proyecto cuando, a instancia del propio Diego Bueno, el Seprona de la Guardia Civil abrió diligencias por este caso.

De hecho, en principio se contemplaba la instalación de 1.200 estructuras metálicas, pero finalmente se instalaron 200. La empresa encargada de su colocación fue Inaccés, a la que el Gobierno de UPN pagó dos cantidades idénticas por valor de 59.657 euros cada una. Ello supone casi 120.000 euros en total, cantidad que Diego Bueno advierte que «no cuadra» con el trabajo que implica, teniendo en cuenta que cada valla hubo de ser transportada en helicóptero hasta el monte y luego anclada al terreno.

Resulta llamativo que en Lakora apenas se había hablado de riesgo de aludes hasta que comenzaron a colocarse las vallas. Por todo ello, Bueno solicita a la Cámara de Comptos que fiscalice todo lo que el Gobierno ha gastado en estas estructuras, y también pide la intervención del Parlamento navarro para que clarifique este asunto.