El mito de la «transición» española hace aguas más de 30 años después
La suerte de más de 100.000 personas fusiladas por los franquistas y cuyos restos siguen enterrados en fosas comunes, sin que sus familiares hayan podido siquiera darles digna sepultura, ha vuelto a la actualidad en el Estado español de la mano del caso contra Garzón.
Pierre AUSSEILL (AFP)
«En plena democracia, más de treinta años después de la muerte de Franco, es una vergüenza increíble que la suerte de 100.000 desaparecidos no haya sido esclarecida para siempre», señala a la agencia France Presse el historiador irlandés y especialista en historia española Ian Gibson.
El detonante esta vez ha sido el proceso abierto por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón Pero el sociólogo y escritos gallego afincado en Madrid Fermín Bouza lo tiene claro: «Esta herida no puede cerrarse nuevamente. Resurge a la menor ocasión, como esta vez».
El hecho de que el tribunal haya avalado la denuncia interpuesta por organizaciones de extrema derecha como la Falange, inspiradora ideológica y aliada del general Franco, ha reavivado viejos demonios.
La polémica está alcanzando dimensión tanto estatal como internacional. Movilizados en defensa de Garzón, sectores de la progresía española han llegado a acusar al Supremo de ser «el instrumento de expresión del fascismo español». Siguiendo esta línea, para algunos de sus portavoces la eventual condena del juez sería «una nueva victoria de Franco».
Frente a ellos, la derecha, heredera «reformada» del franquismo denuncia la campaña como «antidemocrática» y de «intimidación» de la Justicia.
Gibson, conocido por sus trabajos sobre la época y sobre la ejecución del poeta Federico García Lorca, coincide en que esta crisis «se veía venir».
«La derecha no ha querido nunca asumir la realidad y el horror del genocidio franquista. La ley de amnistía fue para ellos una ganga. ¡Asunto cerrado! Nadie les pidió cuentas. Pero ocurre que luego ha surgido la espinosa cuestión de la justicia universal, de la no prescripción de los crímenes contra la Humanidad y del terrible juez Garzón», señala el historiador, para añadir que «estamos asistiendo a las consecuencias de aquéllo. Cuando un juez quiere hacer lo necesario para que el país pueda encarar el futuro conociendo plenamente su pasado, quieren suprimirlo. ¡Es un escándalo mundial!», se enerva.
El sociólogo Bouza recuerda que la llamada transición se hizo «pagando el precio del silencio. El pacto entre las élites que nos ha hecho avanzar hacia la democracia reposaba en la siguiente premisa: `nosotros (la derecha) os consentimos y vosotros (la izquierda) no removéis nada del pasado'. Pero esto no funciona porque la gente no olvida fácilmente».
Bouza concluye señalando que ya es hora de que el Estado español pase página «simbólicamente» asumiendo su responsabilidad y el costo económico de la recuperación de los cadáveres, «para hacerles finalmente los homenajes oportunos».
No sólo la derecha española ha reivindicado como modelo la transición española. Lo ha hecho todos estos años la práctica totalidad del arco parlamentario, incluido el PSOE, 22 años en el poder.
El juez Baltasar Garzón sostuvo ante el Supremo, donde declaró como imputado durante cuatro horas y media, que ni pidió ni percibió cantidad alguna del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.
La querella por prevaricación y cohecho contra el conocido como «juez estrella» de la Audiencia Nacional española relaciona la percepción de 302.000 dólares por parte del imputado con la decisión de éste de no admitir a trámite posteriormente una querella formulada contra directivos del Santander, entre ellos su presidente, Emilio Botín, en el proceso penal por las llamadas «cesiones de crédito».
Garzón se trasladó a pie a la sede del Supremo. Esta vez le esperaba una nube de periodistas pero brillaron prácticamente por su ausencia los que le han convertido estos días en un abanderado de la democracia contra el franquismo.
El de sus famosas conferencias en Nueva York es el segundo de los tres casos que asolan al juez. El tercero tiene que ver con su instrucción del caso Gürtel, escándalo de corrupción que afecta al PP. GARA
El Supremo ha cancelado el encuentro con corresponsales extranjeros para intentar atajar las críticas internacionales aduciendo que no puede celebrarlo con más de un centenar de asistentes.
