Operación policial en Bizkaia y Gipuzkoa
Se llevan a los detenidos pese a los problemas de salud
El traslado al hospital de dos de los arrestados no hizo más que aumentar la desazón de los allegados que encuentran mutismo en todas las instancias. Numerosos agentes se unieron a ellos para pedir el fin de la incomunicación.
A. GOIKOETXEA- O. LLORENTE | DONOSTIA
Las diez personas arrestadas el miércoles continúan incomunicadas en manos de la Guardia Civil. Las agencias españolas afirman que se encuentran en Madrid, pero nada saben de ellos ni sus abogados ni sus familiares, tal y como denunciaban en diversas comparecencias realizadas ayer y en las que alentaban a la sociedad a movilizarse contra este operativo «exigiendo la paralización de la represión política para llevar el proceso democrático hasta el final».
La constancia de que los vizcainos Erramun Landa y Saioa Agirre habían sido trasladados en la madrugada de ayer a Urgencias del Hospital de Basurto no hizo más que acrecentar la inquietud de los allegados de los arrestados, así como evidenciar el rechazo creciente que genera el régimen de incomunicación en la sociedad vasca.
La hermana de la joven zornotzarra indicó a GARA que Agirre padece habitualmente infección de orina y que, al parecer, fue ese motivo el que la llevó al hospital con un fuerte dolor de vejiga. Indicó que ya por la tarde del miércoles, mientras mantenían a la joven sola en el registro del domicilio familiar, un agente de la Guardia Civil se dirigió a ella requiriéndole el medicamento que Agirre toma para aliviar este dolor. La familia insistió en la presencia de un médico de confianza para que le recetara la medicina procedente, pero los militares españoles se negaron.
Horas después, según han podido saber a través del personal del centro sanitario, sobre las tres de la madrugada Agirre era tratada durante dos horas en el Hospital de Basurto, donde al parecer le cambiaron el tratamiento debido al fuerte dolor que padecía.
Silencio como respuesta
Antes que Agirre, el mismo centro trató a Erramun Landa, según aseguró su familia en una comparecencia realizada junto al equipo decanal de la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU, donde imparte docencia el arrestado. En la misma no precisaron el motivo de su traslado al hospital, aunque sí denunciaron que ni la dirección del hospital bilbaino, ni la Audiencia Nacional, ni la Guardia Civil respondieron a los requerimientos realizados por la familia.
Este mutismo también es denunciado por los letrados de los diez arrestados, y es que no han recibido respuesta a ninguna de las solicitudes cursadas. Una de las abogadas indicó a GARA que además de pedir la aplicación del protocolo contra la tortura para todos los arrestados, en el caso de las personas que se encuentran enfermas han acompañado las solicitudes de habeas corpus con documentos médicos que acreditan las respectivas dolencias.
Cabe recordar que además de Landa, el usurbildarra Joxe Domingo Aizpurua sufre una grave enfermedad por la que incluso fue excarcelado.
Apuesta por la democracia
Representantes de distintos ámbitos de la sociedad, así como decenas y decenas de familiares y amigos de los arrestados, abarrotaron en la tarde de ayer el frontón donostiarra del Antiguo para expresar la gran preocupación que sienten ante el trato que puedan estar sufriendo los detenidos. En este sentido, criticaron que el Gobierno español «siga respondiendo con incomunicación» a las recomendaciones que le ha hecho llegar la ONU de forma reiterada.
En la rueda de prensa, en la que se podían ver rostros conocidos como la del director de «Berria», Martxelo Otamendi, el capitán de la Real Mikel Aranburu y el ex jugador Aitor López Rekarte, y el actor Ramón Agirre, así como un sinfín de letrados y allegados de presos políticos vascos, censuraron que «la solidaridad y el apoyo hacia los presos políticos vascos esté en la diana».
Pese a estar en el punto de mira de la represión por su solidaridad hacia los prisioneros, en la comparecencia de ayer hicieron una clara apuesta en favor de la «democracia». El letrado Aiert Larrarte, que hizo de portavoz, insistió en que la solución del conflicto «debe ser política y dialogada» y aplaudió los «firmes pasos» que, a su entender, se están dando para poner en marcha un «verdadero proceso democrático».
Se lamentó de que el Gobierno español responda con «armas, incomunicación y represión» y alertó de la necesidad de «paralizar la represión política» para poder llevar el proceso democrático hasta la meta final.
Tras recalcar el «anhelo y la ilusión» que se está generando entre los ciudadanos y las ciudadanas del país, los congregados animaron a la sociedad a «debilitar la represión» ya que de esa manera se contribuiría a «reforzar el camino hacia la democracia».
Para ello, además, convocaron dos manifestaciones para este domingo. Una en Bilbo, a las 17.30 desde el Sagrado Corazón, y la segunda, a la misma hora pero desde el Boulevard donostiarra.
Rechazo a la incomunicación
Por la mañana, y en un salón de actos repleto de medios de comunicación y decenas de profesores y alumnos de la facultad, el hermano de Erramun Landa, Karmelo Landa, ante la previsión de que el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, lanzara duras acusaciones para justificar los arrestos, le espetó que «usted puede vestir eso como quiera, pero dar ruedas de prensa inculpando y diciendo cosas que son falsas sobre mi hermano es propio de un régimen totalitario y fascista».
El también profesor universitario compareció junto al decano de Bellas Artes y el director del Departamento de Pintura, que dieron lectura a un comunicado donde se solidarizaban con el profesor arrestado.
Al igual que la UPV-EHU, la Asamblea de Cuadrillas de Porrontxo Jaiak, del barrio donostiarra de Egia, mostraron su preocupación ante el arresto de su compañero Juan Mari Jauregi y rechazaron tajantemente la aplicación de la incomunicación a los vascos arrestdos.
Las muestras contrarias a esta práctica también se pudieron escuchar en boca de dirigentes políticos de EA y del PNV.
Pese a que será el domingo cuando Bilbo y Donostia acojan sendas manifestaciones contra este operativo, las protestas se siguen repitiendo estos días. Ayer fueron 340 los movilizados en Zornotza, 120 en Usurbil, 25 en Leioa y 46 en Azpeitia. En Egia y Donostia también se llevaron a cabo sendas manifestaciones.
El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, abogó ayer por consolidar «el proceso exclusivamente civil y democrático» para tratar de «romper la agenda» del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que es «el único que tiene la agenda clara en relación al conflicto vasco».
En una rueda de prensa realizada en Bilbo, aseguró que «el reto de los abertzales es trascender esta situación en la que el Estado hace esto o aquello» para poder «pasar página» de esta situación, consolidando «el proceso exclusivamente civil y democrático».
El secretario general de EA, Pello Urizar, aseguró en una entrevista que operaciones policiales como ésta «pretenden torpedear un intento de solucionar el conflicto violento». A su entender, de la Audiencia Nacional no puede venir nada bueno.
Desde el PNV, Andoni Ortuzar pidió que se agilicen las actuaciones judiciales por haber abogados entre los detenidos y ser preciso aclarar si «estaban utilizando de manera fraudulenta su posición para colaborar con banda armada». GARA
Los ministros de Interior suelen darse prisa en tratar de rentabilizar mediáticamente las operaciones policiales que, según dicen siempre, suelen ordenar los jueces. Alfredo Pérez Rubalcaba corrió ayer a lanzar todo tipo de acusaciones contra los diez detenidos, de los que dijo que conformaban «una estructura», lo que, según su relato, les convierte en coautores de toda una serie de delitos cometidos colectivamente.
La rueda de prensa tuvo el golpe de efecto añadido de que el ministro anunció que los arrestados habían transmitido información a ETA sobre él mismo, «se supone que para que la banda la utilizara con las peores intenciones». Como señaló alguna fuente, preguntado por el tema, Rubalcaba no quiso aclarar si tal información se trataba de un recorte de prensa o de datos más elaborados.
Entre los detenidos hay tres abogados, un profesor de Bellas Artes, una andereño, un jubilado del sector bancario, sindicalistas y un ex preso que salió de la cárcel apenas hace cuatro meses y que está aquejado de una grave enfermedad. Como puede verse se trata de un grupo heterogéneo de personas que, sin embargo, el ministro de Interior agrupó en el concepto de «comisarios políticos de ETA», los «encargados de establecer la disciplina, férrea por cierto, entre los presos etarras, un colectivo que pasa en estos momentos por una situación de menos unidad que otras veces». No especificó, y en este caso nadie tampoco le preguntó, si el jubilado, el profesor, la andereño y los sindicalistas ejercían también este tipo de función en las prisiones.
Pero, ya lanzado, Rubalcaba sí que se atrevió a decir que «algún preso defendido por estos abogados se sentirá aliviado tras esta operación, que prefiera tener a su abogado en la celda de al lado mejor que en la otra parte de la mesa en el locutorio». Con el fin de dar pie a algún titular que a buen seguro podrá leerse hoy, aseguró que «sus abogados eran sus carceleros».
Otra de las ideas que también tuvo buena acogida mediática fue la de hablar de «abogados a tiempo parcial», que el resto del tiempo lo dedicaban a otras actividades ilícitas. Hubo una agencia que se lo tomó tan al pie de la letra que escribió que «los detenidos en la operación de ayer contra ETA constituían un entramado de abogados a `tiempo parcial'», sin atender siquiera a la evidencia de que de los diez detenidos, siete no son abogados.
Mientras los arrestados continuaban incomunicados y ni siquiera sus familiares podían obtener dato alguno sobre su situación, el ministro del Interior afirmó de ellos, sin presunción de inocencia alguna, que se dedicaban a funciones vitales para la actividad de la organización armada como la de facilitar y gestionar la huida de sus militantes, mediaban en el cobro del impuesto revolucionario a empresarios e incluso se encargaban de captar nuevos integrantes a los que llegaban a concertar las citas con la dirección por medio de encuentros que se desarrollaban en el Estado francés. Asimismo, dinamizaban las estructuras sociales de ETA en el seno de las cárceles y sus familias.
Alfredo Pérez Rubalcaba dijo estar «superseguro, hiperseguro» de que podrán aportar documentación y datos para probar estas acusaciones ante los tribunales. Sus antecesores ya dijeron algo similar hace siete años sobre «Euskaldunon Egunkaria». I.I.
