Fermin Irigarai, Ezekiel Martin e Izaskun Cebrián, concejales de la izquierda abertzale en Berriozar, serán juzgados próximamente en la Audiencia Nacional bajo la acusación de «exaltación o justificación del terrorismo». El fiscal pide para cada uno de ellos año y medio de prisión y 10 años de «inhabilitación absoluta», lo que podría tener repercusiones tanto en el ámbito político como en el laboral.

Los precedentes de esta acusación se remontan a la campaña de persecución política que UPN impulsó en vísperas del cohete festivo de Berriozar, que fue lanzado el 26 de agosto del pasado año. En aquella campaña se destacó el concejal de UPN Sergio Sayas, que contó con el apoyo del consejero de Interior, Javier Caballero, la alcaldesa de Iruñea, Yolanda Barcina, e incluso el propio Miguel Sanz.

Durante la campaña, a la que también se unió de forma activa el PSN, se intentó criminalizar a los tres concejales de ANV (la disolución del grupo llegó posteriormente) porque iban a lanzar el chupinazo festivo. Finalmente los ediles de la izquierda abertzale delegaron este acto en el kiliki negro de la comparsa de gigantes. La masiva asistencia de vecinos a este chupinazo contrastó con el fracaso del cohete alternativo montado por UPN y PSN.

Implicación de la Policía Foral

El Gobierno de UPN se implicó de lleno en este asunto, hasta el punto de que envió a la Policía Foral para vigilar expresamente a los concejales de ANV (en la actualidad son no-adscritos).

El expediente abierto por los agentes policiales tuvo repercusión judicial apenas dos meses después, cuando los tres ediles abertzales fueron llamados a declarar a la Audiencia Nacional. Más tarde, en el mes de noviembre, también declararon el alcalde de Berriozar, Xabi Lasa (NaBai), y Fran Iso, representante de la sociedad Zulo Alai.

El proceso judicial siguió adelante y esta misma semana los tres ediles de la izquierda abertzale han conocido la petición fiscal de cárcel e inhabilitación absoluta. Los hechos en los que se basa la Fiscalía están recogidos del expediente que abrió la Policía Foral por orden del Gobierno de UPN, y llaman la atención porque se trata de actos habituales en cualquier fiesta de Euskal Herria.

En concreto, al concejal Ezekiel Martin se le acusa de exhibir durante el cohete una pancarta con el lema «Euskal preso eta iheslariak etxera», así como de entregar posteriormente un pañuelo y un ramo de flores «a una joven no identificada» y de terminar el acto «con un brindis para los presos de ETA».

Por su parte, Fermin Irigoien está acusado de tocar el txistu durante la concentración que se realizó tras el chupinazo. La imputación concreta es la de interpretar un «aurresku de honor» en recuerdo a los vecinos de Berriozar que están presos por motivaciones políticas, «mientras dos personas bailaron al son de la música interpretada por el acusado».

El citado brindis se realizó junto a la sociedad Zulo Alai, que momentos antes del cohete fue homenajeada por el Ayuntamiento, a propuesta de la Coordinadora Cultural, por cumplir 25 años de existencia.

Los concejales de la izquierda abertzale de Berriozar no niegan que exhibieran una pancarta pidiendo la repatriación de los presos, que tocasen el txistu o que entregasen flores a familiares de represaliados.

«Yo llevo muchos años tocando el txistu. Que nosotros sepamos, los hechos de que nos acusan no son delito, pero puede que lo sean en un futuro si la sentencia es condenatoria», advierte Fermin Irigarai.

Además, constata que las diligencias de la Policía Foral y de la Fiscalía se han centrado exclusivamente en los tres ediles de la izquierda abertzale, a pesar de que tanto en el cohete como en el brindis participaron otras muchas personas.

«La intencionalidad de esta actuación es clara -señala Fermin Irigarai-, y muestra la utilización de la Policía Foral para los intereses políticos de UPN».