La Policía francesa arrestó a primera hora de la mañana de ayer al ex preso David Pla en Hendaia. Pocas horas después, el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecía públicamente para vincular esta detención con la redada efectuada por la Guardia Civil el miércoles, y lo relacionaba, de manera especial, con los tres letrados apresados.

La detención de Pla tuvo lugar sobre las seis de la mañana en su domicilio de Hendaia, que los policías procedieron a registrar durante horas.

Fueron los agentes de la Policía Judicial de la capital labortana los que arrestaron al iruindarra, pero contaron con la colabo- ración de la Subdirección Antiterrorista francesa, así como de la Comisaría General de Información de la Policía española que, según admitió el Ministerio español del Interior, mantenía un dispositivo de vigilancia sobre el joven.

En concreto, tanto en la nota que hizo pública Interior como en la rueda de prensa posterior de Rubalcaba se acusó a Pla de ser el «responsable del departamento del aparato político de ETA dedicado al apoyo a los presos y denominado HALBOKA, del cual dependería el grupo de detenidos esta semana».

Entretanto, las diez personas arrestadas el miércoles cumplen hoy su tercer día de incomunicación en manos de la Guardia Civil. Las agencias españolas afirmaban el mismo jueves que los diez ciudadanos vascos se encontraban en las dependencias de la Guardia Civil de Madrid, pero como ya informaba este periódico en su edición de ayer, sus familiares no tienen confirmación alguna sobre su estado ni paradero.

GARA ha podido conocer además que el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska ha denegado las solicitudes de aplicación del protocolo contra la tortura al menos en el caso de los letrados Jon Enparantza e Iker Sarriegi y del ex preso usurbildarra Joxe Domingo Aizpurua. En el resto de los casos, al parecer, el juez no se ha dignado ni siquiera a notificar su respuesta mediante una providencia.

El protocolo diseñado por el juez del tribunal especial Baltasar Garzón y que ha sido solicitado por los letrados consta de tres apartados: grabación de los interrogatorios, poder ser visitados por un médico de confianza y avisar a los familiares de dónde se encuentran retenidos. Cabe recordar que tanto Joxe Domingo Aizpurua como Erramun Landa sufren graves enfermedades, y que este último y la zornotzarra Saioa Agirre tuvieron que ser trasladados al Hospital de Basurto horas después de su detención.

Pese al silencio o las negativas del juez, tanto los abogados de los diez arrestados, así como los decanos de los colegios de abogados de Gipuzkoa y Bizkaia, están realizando las gestiones procedentes para que los detenidos sean llevados cuantos antes ante el juez.

Rubalcaba «es un cobarde»

La condición de letrados de Zulueta, Enparantza y Sarriegi hizo que una treintena de compañeros suyos pertenecientes a la asociación Eskubideak compareciera ayer en el Colegio de Abogados de Bizkaia. En nombre de todos ellos, Bea Ilardia y Joseba Belaustegi respondieron a las imputaciones lanzadas por Rubalcaba y le acusaron de practicar el «terrorismo de Estado» y de ser «un cobarde».

Desde Eskubideak emplazaron al ministro español de Interior a explicar «por qué» ha detenido a los tres abogados cuando estaban «a disposición de los tribunales» al realizar ahí su labor profesional y «para qué» ha acordado su incomunicación después de asegurar que la operación estaba «cerrada».

En su opinión, el «abuso» y utilización como «armas de represión y castigo, cuando no de mecanismos que facilitan la tortura», busca «someter a la ciudadanía a un estado de temor permanente de inseguridad y eso tiene un nombre: terrorismo de Estado». También aludieron a las acusaciones de Rubalcaba de que los detenidos «son letrados a tiempo parcial». En este sentido, le recordaron que «no es nadie para tutelar ni condicionar» su trabajo y denunciaron que «si no hay secreto y confidencialidad, no hay defensa». «Y si no hay defensa, no hay Estado de Derecho», añadieron.

Sobre la calificación de «carceleros», replicaron que el ministro español de Interior «es un cobarde» porque «golpea a nuestros compañeros donde más daño puede hacerles y cuando están indefensos». Además, señalaron que es el Gobierno español «el responsable de la conculcación de derechos y libertades en centros de detención y prisiones». Los abogados de Eskubideak consideraron que el objetivo de la operación policial es «eliminar testigos incómodos» y que está dirigida contra la «totalidad» de la ciudadanía vasca «a la que pretenden dejar indefensa». Asimismo, anunciaron que presentarán una iniciativa «más profunda y de calado» en los próximos meses.

Muestras de apoyo

Los gestos de solidaridad hacia los arrestados llegaron desde muy diversas procedencias. 42 trabajadores del Instituto San Miguel de Aralar de Altsasu manifestaron en un escrito su preocupación por el estado de todos los detenidos y, en especial, por el de Juan Mari Jauregi, padre de un compañero de trabajo del centro. La asociación de vecinos Egia Bizirik también se mostraba conmovida por el arresto del que consideran su «alma y motor». La manifestación de LAB en Donostia en pro de unas pensiones dignas también fue escenario de solidaridad hacia los arrestados, y en especial hacia Jauregi y Gallastegi.

En el barrio bilbaino de Deustua una movilización que congregó el jueves a unas 200 personas reclamó la puesta en libertad de su convecina Naia Zuriarrain; ayer se manifestaron unas 300 personas. En Zornotza, de donde es natural Saioa Agirre y donde han realizado movilizaciones desde su arresto -350 personas se manifestaron ayer por la tarde-, denunciaron la actitud «provocadora» de la Ertzaintza que, además de arrestar a dos jóvenes que colocaban carteles, según relataron, «han identificado, golpeado, amenazado e incluso herido a vecinos». Los dos jóvenes permanecieron detenidos durante tres horas y por la tarde quedaron en libertad.

Asimismo, en Amoroto, la Guardia Civil detuvo ayer por la mañana a Urtzi Zenigaonaindia. El joven fue acusado de «atentado a la autoridad», «daños», «injurias» y «desórdenes públicos» por los incidentes ocurridos durante el registro en Lekeitio del domicilio de José Luis Gallastegi. Fue trasladado al cuartel de La Salve, en Bilbo, y quedó en libertad hacia la una del mediodía tras comparecer en los Juzgados de Gernika. Por su parte, el PSE de Soraluze condenó la aparición de unas pintadas en su sede en las que equiparaban al PSOE con los GAL.