El Derecho sirve a los poderosos flanqueados por los comerciantes, protegidos por la soldadesca, apoyados por la Policía, sostenidos por los banqueros, legitimados por las instituciones, nos dice el filósofo Michel Onfray. Al decirlo describe una realidad universal. En lo que llaman España, a lo anterior además debemos sumarle el haber heredado unas instituciones creadas por uno de los sistemas políticos más desigual, opresivo y necio que ningún humano con mínima inteligencia pudiese imaginar: el nacional-catolicismo, el más delirante modelo de los fascismos europeos. La judicatura de los altos tribunales españoles es prueba de ello.

Esperen los catalanes sentados menjant pa amb tomaca hasta el día del Juicio Final una decisión favorable del Tribunal Constitucional hacia un tímido Estatut que no expresa en su artículo primero la indisoluble unidad de España. No la tendrán. Los espíritus de la Católica Isabel y don Pelayo habitan el corazón de sus señorías, dando igual si sus mentores para ocupar la plaza fueron el PP o el PSOE. Las dos formaciones políticas compiten en casposo nacionalismo expansivo. No hay más que ver el babeo de Bono ante la cabra de la legión el Día de la Raza, algunos dicen que le pone Pinocho; o leer las filípicas de Adolfo Prego, magistrado del Tribunal Supremo y hermano de Victoria, la de «a por ellos». En una entrevista concedida a la revista «Altar Mayor» de la Hermandad del Valle de los Caídos, afirma el supremo juez y Patrono de honor de la Fundación Defensa de la Nación Española: «España es mucho más que su tierra y su geografía... es una entidad histórica, milenaria, que se recibe en depósito y se administra con la obligación de transmitirla a las siguientes generaciones. Ninguna generación de españoles, ninguna, puede tomar decisiones sobre la destrucción de España o sobre su unidad. España no pertenece al patrimonio de los españoles; los españoles pertenecemos a España».

España, ente metafísico que trasciende al tiempo y al espacio, unidad de destino en lo universal de los católicos hijos del Cid, es lo que defienden los atractivos magistrados de la Audiencia Nacional desde otros parámetros, esta vez posmodernos y cosmopolitas al alimón con Rubalcaba, ministro de la porra. Afirma Alfredo Pérez estar «superseguro... hiperseguro» (sic) de tener pruebas incriminatorias que justifiquen las últimas detenciones ordenadas por Grande-Marlaska. O sea, aunque no está megaseguro, está superfeliz. Ya ha condenado sin juicio a los detenidos.

Los socialfascistas ayudados de leyes excepcionales aplicadas por solícitos jueces al servicio del Estado han dado una nueva vuelta de tuerca deteniendo a abogados de los disidentes vascos. Es el garantismo del Estado de Derecho español. Los presos sin sus abogados estarán más contentos, afirma el antiguo ministro del Gobierno de los GAL, aunando falacia y miserabilidad en una sola frase. Para dar credibilidad a un mal hilvanado relato, dice que los detenidos pasaron información a ETA sobre su persona. Pérez Rubalcaba miente mal. Quizá sea lo único que le honra.