Más de dos meses después de que el abogado Alfonso Zenon acompañado de familiares y otros letrados denunciara en una rueda de prensa que los detenidos en la operación policial llevada a cabo por la Ertzaintza en Ondarroa habían sido torturados y maltratados en comisaría, el consejero de Interior de Lakua contrarrestó las acusaciones presentando una querella criminal en su contra.

Una periodista cuestionó ayer a Rodolfo Ares sobre la situación en la que se encontrarían las investigaciones de las denuncias y éste evitó contestar. Se mostró contrariado y argumentó que era el día para defender el «buen nombre» de «nuestra Policía».

Se limitó a señalar, sin precisar si lo ha hecho, que «siempre que hay denuncias de torturas tramitadas evidentemente se abre todo tipo de investigación cuando es necesario».

Mencionó también que la Ertzaintza aplica el protocolo contra la tortura que, según afirmó, es «homologable» al del resto de países del mundo, pero no dijo nada sobre las grabaciones que deberían de recoger la estancia en comisaría de los detenidos.

Además de los golpes, amenazas, obligación de permanecer largo tiempo en posturas forzadas y presión sicológica relatadas por los arrestados, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital en dos ocasiones y otros dos tuvieron que ser observados por los médicos por sendas contracturas musculares en el cuello.

A pesar de ello, Ares acusó a Zenon de «mentir» y aseguró que no «tolerará nunca» que «alguien pretenda injuriar y calumniar para desprestigiar a nuestra Policía». Asimismo, emplazó a la sociedad vasca a que «no se deje engañar».

El precedente de Otamendi

Rodolfo Ares ha decidido ejecutar su amenaza pese a que desde el primer momento, y en el mismo Parlamento de Gasteiz, se evocó anteayer el precedente de la querella presentada en su día por el entonces ministro de Interior, Angel Acebes, contra Martxelo Otamendi, y que fue archivada sin más.

El Gobierno del PP decidió actuar contra el director de ``Euskaldunon Egunkaria'' después de ver el enorme eco que alcanzaba su denuncia de maltratos tras la detención sufrida el 20 de febrero de 2003. Otamendi refirió las torturas, incluidas algunas de carácter homófobo, desde su misma salida de la Audiencia Nacional, en libertad con cargos, y ante las cámaras de televisión, lo que multiplicó el eco de este caso.

Acebes respondió unos días después. En un claro intento de silenciar las denuncias, acusó a Otamendi de seguir «a pies juntillas» el supuesto «manual de ETA» para denunciar este tipo de prácticas. «No estamos dispuestos a tolerarlo», afirmó el ministro del PP, en declaraciones que ha emulado ahora el responsable de Lakua.

Angel Acebes aseguró que los detenidos de ``Egunkaria'' efectuaban esa denuncia «para alcanzar los fines perseguidos por ETA, coadyuvando y colaborando con ella, siguiendo sus instrucciones de forma prolija, organizada y planificada, y utili- zando uno más de sus métodos para desacreditar a las instituciones democráticas y a la legítima lucha contra el terrorismo desde el Estado de Derecho». La querella se presentó en un momento en el que en el Estado español pocos ponían en duda la versión oficial que ligaba al diario euskaldun con ETA. La Fiscalía no modificó su posición y pasó a reclamar el archivo del caso hasta el año 2006.

Martxelo Otamendi fue citado, por tanto, por los tribunales para responder por la querella. Allí recalcó que la intención de Acebes era «mandar un mensaje al túnel de la impunidad. `Tranquilos, chicos, que os cubrimos'». Resaltó además que ésa era la primera vez en que un ministro del Interior español convocaba una rueda de prensa para hablar de un caso específico de torturas.

Sin acabar el año, el 15 de diciembre de 2003, la denuncia fue archivada provisionalmente por la Audiencia Nacional, que afirmó que «no se puede dar por mínimamente acreditado el hecho base que permitiría la incoación de causa penal por denuncia falsa, al existir una investigación judicial en marcha». A día de hoy, por tanto, la querella de Acebes está archivada. La de Martxelo Otamendi por torturas sigue su curso, aunque sea en los tribunales europeos. Y la Audiencia Nacional acaba de determinar que su relato es compatible con las situaciones descritas en los informes forenses.