Como cada viernes, las movilizaciones en favor de los derechos de los represaliados políticos vascos se intensificaron en numerosas localidades, especialmente ante las huelgas de hambre que mantienen los presos vizcainos Alberto Saavedra y Txus Martín Hernando, y el navarro Joseba Fernández Aspurz, en cárceles francesas.

Saavedra, en huelga de hambre desde el 11 de abril, cumple en la prisión de Bois D'Arcy hoy la condena fijada por un tribunal de París, con riesgo de ser expulsado. A su vez, Martín Hernando cumplirá hoy 27 días sin ingerir alimentos en la cárcel de Tarascon -hospitalizado desde el lunes- y el de Basauri se enfrenta a su expulsión el lunes al Estado español, una vez cumplida su condena íntegra.

El iruindarra Joseba Fernández, único prisionero vasco en Poitiers, mantiene su protesta desde hace más de dos semanas para demandar el fin del aislamiento que padece y que sea enviado a una prisión en la que haya otros prisioneros vascos.

En defensa de los derechos de los presos políticos y en exigencia de su repatriación, ayer se movilizaron 70 personas en Arbizu, 242 en Donostia, 65 en Urretxu-Zumarraga, 38 en Lezo, 65 en Etxarri-Aranatz, 42 en Lizartza, 200 en Hernani, 50 en Oñati, 35 en Antzuola, 125 en Lekeitio, 36 en Getaria, 44 en Lizarra, 24 en Mundaka, 40 en Andoain, 103 en Lazkao, 207 en Ondarroa, 20 en Legorreta, 80 en Mutriku, 48 en Soraluze, 18 en Lezama, 420 en Gasteiz, 35 en Galdakao, 42 en Ugao, 120 ante Sabin Etxea de Bilbo, 220 en Zarautz, 224 en Orereta, 87 en Algorta, 52 en Barañain, 270 en Iruñea, 22 en Bera, 73 en Bergara, 40 en Deba y un centenar en Zornotza.

Mientras se desarrollaban estas movilizaciones, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, solicitó al juez español Eloy Velasco la prohibición de dos marchas y un acto político que están convocadas para hoy entre las localidades de Azkoitia y Zarautz. La asociación ultraderechista pide a Velasco que recabe información de la Policía española, la Guardia Civil y la Policía autonómica para determinar si las convocatorias podrían ser constitutivas de un delito de «enaltecimiento del terrorismo».

En Mutriku, por segunda vez, agentes de la Ertzaintza entraron a las 11.00 de ayer en Zubixa Taberna y se llevaron las fotografías de los represaliados políticos, además de otras imágenes de la decoración del establecimiento. Los clientes que estaban en el local fueron identificados y el trabajador de la taberna fue advertido de que será imputado «por terrorismo».

En otro orden de cosas, Presoen Aldeko Taldeak (PAT) advirtió de que el acuerdo suscrito entre la UPV-EHU y el Departamento de Interior de Lakua no va a frenar la denuncia de la escalada represiva general en los campus universitarios. Además de insistir en la necesidad de que las fuerzas policiales abandonen esos espacios, el PAT anima a estudiantes, profesores y otros miembros de la comunidad universitaria a no ceder y convertir a los campus en el lugar de denuncia ante la pretensión de imponer el pensamiento único.