Jan Brewer, gobernadora de Arizona, Estado fronterizo con México,firmó el viernes (madrugada de ayer en Euskal Herria) una ley que criminaliza la inmigración de personas «sin papeles» y obliga a los policías locales a hacer cumplir las leyes federales de inmigración. La firma de la controvertida ley, la más estricta de EEUU sobre esta cuestión, se produjo mientras miles de manifestantes exhibían pancartas y coreaban consignas de rechazo ante la sede del Gobierno de Arizona y unas horas después de que el presidente estadounidense, Barack Obama, calificara de «mal encaminada» la iniciativa.

Según informaron distintas agencias, la nueva ley, que entrará en vigor en un plazo de 90 días, permite a los policías estatales y locales arrestar a cualquier persona si tienen alguna «sospecha razonable» de que son inmigrantes en situación irregular. Hasta ahora, la detención de un sospechoso de ser inmigrante en situación irregular sólo era posible en el caso de que se hubiese cometido un delito. La iniciativa también establece sanciones contra quienes empleen a «sin papeles», los transporten o les faciliten la vida en el Estado.

Brewer justificó su aprobación diciendo que Arizona ha actuado para contrarrestar la pasividad de Washington y afirmó que la Policía recibirá instrucciones sobre lo que implica que haya «sospechas razonables».

Señaló que «es un arma más para atajar un problema que el Gobierno federal se ha negado a resolver e incidió en que servirá para proteger a todos los residentes de Arizona no sólo de la inmigración irregular, sino también de la actividad de los cárteles de la droga que operan a través de la frontera con México.

Se estima que en EEUU un 10% de los inmigrantes son «sin papeles y trabajan en condiciones ilegales en el país.

Unas horas antes de la firma de la ley, Obama manifestó que «no actuar de manera responsable a nivel federal -en alusión a la reforma migratoria que apoya- sólo abrirá la puerta a la irresponsabilidad de otros. Eso incluye -añadió-, los recientes acontecimientos en Arizona que amenazan las nociones básicas de justicia (...) así como la confianza entre la Policía y sus comunidades». Advirtió de que si no se actúa pronto en el ámbito federal, aumentarán estas iniciativas «mal encaminadas».

Grupos pro derechos civiles denunciaron que la ley puede suponer una discriminación hacia ciertos perfiles raciales, pero Brewer aseguró que «no habrá medidas de la Policía dirigidas contra ciertos sectores étnicos».

Sus partidarios subrayaron que facilitará el control de la inmigración irregular en un Estado donde hay más de 460.000 «sin papeles», la mayoría mexicanos. El senador republicano Russel Pearce, su principal impulsor, aseguró que «vamos a quitar las esposas que maniatan la ley y se las vamos a poner a los malos».