Guatemala, El Salvador y Honduras se sumaron a las críticas de México contra la nueva ley aprobada en el Estado de Arizona, en el sur de EEUU, que criminaliza a los inmigrantes en situación irregular. Los países de la región que más emigrantes tienen en EEUU manifestaron su temor por el efecto discriminador de la nueva norma hacia sus ciudadanos allí y la persecución que se puede desatar contra ellos.

La aprobación de la ley, firmada el viernes por la gobernadora republicana Jan Brewer, ha levantado una auténtica oleada de indignación en el seno de la comunidad latina en EEUU. La nueva norma permite la detención y el castigo a cualquier ciudadano por el simple hecho de sospechar que pueda ser un «sin papeles», sin necesidad de que haya cometido algún delito.

El Gobierno de México alertó de que la nueva legislación «representa un obstáculo para la solución de los problemas comunes en la región fronteriza y en América del Norte en su conjunto» y señaló que «utilizará todos los medios disponibles en apoyo de sus connacionales».

Poco antes, la Cancillería mexicana había dicho incluso que se planteará la relación que mantiene con Arizona ante una iniciativa que, a su juicio, criminaliza a los inmigrantes.

Las autoridades hondureñas afirmaron que esta ley «pisotea» los derechos de los inmigrantes y subrayaron que «hay que ver de qué manera se baja ese impacto, que sin duda alguna va a perjudicar a una cantidad enorme de centroamericanos».

Guatemala, por su parte, expresó su «profunda preocupación» y consideró que la nueva ley «amenaza las nociones básicas de justicia».

También el Gobierno de El salvador expresó su temor a que se desate «una persecución contra personas, la mayoría de las cuales están trabajando, contribuyendo a la economía, pagando sus impuestos en EEUU». Alertó de que la ley «criminalizaría la migración indocumentada y podría derivar en la discriminación de los inmigrantes a raíz de su aspecto físico u origen étnico».

La nueva ley ha creado confusión en el seno de la propia Policía estatal y local de Arizona. Tony Estrada, jefe de Policía de Santa Cruz, la calificó de «racista» y señaló a la BBC que la nueva normativa les obliga a asumir un papel que cree que corresponde al Gobierno federal. «No es nuestro trabajo», dijo. «¿Cómo vamos a saber quién es y quién no es ilegal? ¿Cómo voy a distinguir yo a un mexicano de otro», se preguntó Estrada, que trabaja en un área donde más del 80% de la población es de origen mexicano.