La salud laboral sigue siendo una asignatura pendiente y los datos así lo demuestran; los accidentes de trabajo se mantienen constantes o se reducen (más como consecuencia de haber aumentado brutalmente los índices de desempleo que por haber puesto en marcha medidas eficaces). Pero, aun así, todos los años se producen en torno a cien accidentes mortales, cientos de accidentes graves, más de 60.000 accidentes que generan baja y un largo etcétera.

Y en lo referente a las enfermedades profesionales, se siguen ocultando descaradamente, y el subregistro es todavía más alarmante. Los procedimientos establecidos no tienen en cuenta la mayor complejidad de diagnóstico de una enfermedad profesional. Frecuentemente las y los profesionales sanitarios no identifican adecuadamente las enfermedades profesionales, salvo las más tradicionales, de manera que su número se subestima sistemáticamente. Por ejemplo, este año ya ha habido siete muertes por amianto, pero no se recogen en las estadísticas oficiales.

Los datos de la Seguridad Social contradicen los de la EPA (Encuesta de Población Activa). Según la EPA, en el año 2007 se produjeron 78.689 accidentes con baja, aunque las estadísticas oficiales tan solo reflejaban 65.600. Y en referencia a las enfermedades profesionales, sólo se declara una de cada 23; sólo se registraron 4.121 casos, mientras que la EPA dice que 95.620 trabajadores y trabajadoras sufrieron una enfermedad provocada por el trabajo.

En esta coyuntura actual, la situación se está viendo agravada, ya que la patronal se ha marcado como objetivo aprovechar la crisis para obtener un modelo de mercado de trabajo que le proporcione un mayor beneficio económico. Precarizando aún más si cabe las relaciones laborales con medidas antisociales (despidos, reducción de salarios o incluso aumento de jornada en beneficio de la economía, etc.), invirtiendo aún menos en salud laboral. Además se premiará a la patronal mediante un «bonus» o rebaja en las cotizaciones por no tener accidentes, lo que aumenta la ocultación de los mismos.

Esto va acarrear unos efectos directos sobre la clase trabajadora como un aumento de la incertidumbre y la presión, aumento del paro que en mayor medida lo van a sufrir personas con mayores dificultades de empleabilidad (mujeres, personas no cualificadas o con discapacidad, jóvenes o inmigrantes) con más probabilidad de paro de larga duración y de caer en la exclusión social. Se va extender el trabajo temporal y a tiempo parcial como salida a la actual situación, pero estos contratos no ofrecen un acceso duradero y digno al mercado de trabajo.

Todo ello tiene una repercusión directa sobre la salud de las y los trabajadores. Desde finales de 2008 las consultas por problemas de ansiedad o depresión relacionadas con la mala situación económica han aumentado en torno a un 12%. La prescripción de psicofármacos ha crecido un 15%. Cada vez más personas acuden a las consultas con estos síntomas, derivados del estrés y de la inseguridad personal que produce la pérdida del empleo o la dificultad para pagar la hipoteca. El cuadro ansioso depresivo, los trastornos adaptativos y el estrés son las tres patologías que últimamente más encuentran los médicos en gente que no tenía ningún antecedente.

Las muertes por infarto suponen el 31% de las muertes totales y los suicidios se han convertido en la primera causa de muerte no natural; en Hego Euskal Herria hubo 217 suicidios durante el año 2009, lo que supone un incremento de un 15% y 30% (en la CAV y en Nafarroa respectivamente) en relación con los años anteriores.

Estamos ante lo que se ha denominado «síndrome de la crisis», aumento de los casos de depresión, suicidio e infartos agudos de miocardio.

La única manera de acabar con esta situación pasa por la eliminación de la precariedad, la flexibilidad, los despidos masivos, la subcontratación en cadena y la temporalidad como norma.

Las distintas administraciones, con Miguel Sanz y Patxi López a la cabeza, hacen frente común con las recetas de la patronal, todo en «beneficio» de la economía. La autoridad laboral se limita a mirar hacia otro lado, la inspección de trabajo es ineficaz, Osalan y el Instituto Navarro de Salud Laboral están vacíos de contenidos y se limitan a ser meras comparsas de las estrategias ideadas en Madrid que no sirven para garantizar nuestra salud y nuestra vida.

Junto a ello, las mutuas de accidentes, siervos patronales, cada vez con más poder, hacen el juego sucio a las empresas, negando el origen laboral de las enfermedades, no dando la baja u obligando al alta temprana, sometiendo a controles abusivos, etc.

Reclamamos un modelo en el que prime la salud de la clase trabajadora frente a los índices económicos y los beneficios de la banca y la patronal, que se fortalezca el sistema público frente a las mutuas y los servicios de prevención patronal-dependientes, es decir, un modelo sanitario y un modelo preventivo universal, de calidad y de participación social.

La clase trabajadora no ha generado esta crisis y no vamos a pagarla con nuestra salud. Hay alternativa, salgamos a la calle en su defensa.