Sanz podrá sancionar a quienes no quieran víctimas en las aulas
El anuncio de un plan de adoctrinamiento contra ETA en las aulas de la CAV está provocando gran controversia. Sin embargo, ha pasado desapercibido que en Nafarroa el Parlamento aprobó algo similar, todavía sin definir, la pasada semana. En este caso, el «programa educativo» se impone a través de la Ley de Víctimas, y deja todas las manos libres al Gobierno de UPN: no sólo definirá su contenido, sino que podrá retirar las ayudas a los centros que no lo apliquen.
Ramón SOLA
El Gobierno de Lakua piensa implantar su plan de adoctrinamiento en las aulas sin pasar por el Parlamento. Sin embargo, en el caso de Nafarroa esta misma medida ya tiene aval por parte de la Cámara, dado que la pasada semana fue incluida dentro de la denominada Ley Foral de Ayuda a Víctimas del Terrorismo que fue aprobada por UPN, PSN, CDN, IUN y el parlamentario de Nafarroa Bai Joseba Eceolaza (Batzarre).
Mientras en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se está produciendo una intensa controversia al respecto, en la que destaca como último elemento el rechazo frontal de la mayoría sindical, en Nafarroa ha pasado casi desapercibido que el Gobierno de UPN tiene luz verde para tomar una iniciativa similar.
Agravantes
Existen además varias circunstancias agravantes. Por un lado, la Ley de Víctimas aprobada en Nafarroa, que sirve de marco a un futuro plan de adoctrinamiento, está enfocada expresamente «con especial atención» contra los atentados cometidos por ETA. En paralelo, ese programa educativo no se concreta en la Ley de Víctimas, sino que su elaboración se deja totalmente en manos del Gobierno navarro, ahora liderado por UPN, que se ha mostrado muy virulento en este tema.
Pero, sobre todo, la gran diferencia estriba en que se ha incluido una disposición adicional en la que se establece que «la negativa de los centros de Educación Secundaria que reciben financiación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a difundir en sus centros el programa podrá acarrear la pérdida de subvenciones».
Por lo tanto, UPN tiene ahora total libertad para elaborar el diseño que quiera -y evidentemente no se va quedar corto respecto al que apruebe el Gobierno de Lakua-, y también para intentar imponerlo en todos los centros educativos con la amenaza de retirada de los conciertos correspondientes.
Patxi Zabaleta (Nafarroa Bai) afirmó en el Pleno celebrado el pasado jueves que esta medida es «rayana en el fascismo», aunque luego su compañero Eceolaza votó a favor de la Ley. Para Zabaleta, «en los tiempos de Franco se suspendía a los maestros por no ser afectos al régimen, y ahora se va a hacer lo mismo con los centros no afectos». Desde fuera de la Cámara, la izquierda abertzale se opuso de modo radical y dijo sobre esta norma que «está diseñada y dirigida por los sectores más retrógrados, sin oposición alguna», y que «desvirtúa el conflic- to» al marginar a otro tipo de víctimas.
Iniciativa del PSN
La amenaza de la retirada de subvenciones lleva la firma del PSN, ya que fue este partido el que impulsó esta Ley. La disposición transitoria se ha mantenido luego en el paso por la ponencia y en la votación final que tuvo lugar en el Pleno.
Roberto Jiménez (PSN) alegó desde la tribuna que la Ley no sólo hace referencia a ETA, ya que en uno de sus artículos se alude también de modo muy genérico a «atentados terroristas cometidos por personas integradas en bandas o grupos organizados y armados». En cualquier caso, la definición del programa educativo se encomienda exclusivamente al Gobierno de UPN, para quien está claro que esta ley sólo se refiere a las víctimas de ETA.
El Gobierno de Nafarroa no da pistas por el momento sobre cuáles son sus intenciones. Probablemente mire de reojo a sus homólogos de Gasteiz.
La Ley aprobada la pasada semana dice que «el Gobierno de Navarra impulsará un programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos» que tendrá como destinatario «al conjunto de la sociedad navarra».
En el ámbito educativo, el plan será elaborado por el Departamento de Alberto Catalán, tendrá como objetivo «reflejar valores contra el terrorismo» y se aplicará «con la duración que se estime conveniente».
«Dejar de lado la defensa del modelo constitucional; tomar en cuenta la opinión de la comunidad educativa respecto a cómo llevar el testimonio de las víctimas a las aulas y respetar el carácter integral del plan». Son las tres aportaciones que el PNV ha trasladado al Ejecutivo de López y que todo apunta a que serán integradas en el Plan, tal y como lo anticipaba ayer el diario ``El Mundo''.
La agencia Efe daba cuenta también del contacto telefónico mantenido entre el líder del PNV, Iñigo Urkullu, y Patxi López. Una conversación que coincidía en el tiempo con las declaraciones realizadas por la portavoz de Lakua, Idoia Mendia, afirmando que hay «margen suficiente para el acuerdo».
El rotativo madrileño indicaba ayer que el equipo de López estaría dispuesto a aplicar los tres cambios. Mendia ya confirmaba el martes que el gabinete no tenía problemas para variar las frases del texto que refieren al «Estado Constitucional». El lunes era Rodolfo Ares el que aseguraba que el Gobierno mantendría vigentes las medidas al margen de la «deslegitimación de la violencia». Pero también queda por ver aún cómo se consensuará el plan con el ámbito educativo. GARA
