El Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social de la UPV-EHU (GEZKI) organizó el pasado martes una jornada bajo el título «Contribución de la economía social a la inserción laboral de personas con discapacidad». En el encuentro se presentó el estudio que a petición de la Asociación de Entidades de Trabajo Protegido de Euskadi (EHLABE) realizó GEZKI y que fue publicado en 2008. Un extenso análisis que abarca, entre otras cuestiones, una investigación sobre el papel de la economía social en los procesos de inserción social a través del trabajo de personas con discapacidad en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

Uno de cada tres en paro

El informe parte de la premisa de que las personas con discapacidad en edad laboral deben superar enormes dificultades para conseguir acceder a un empleo digno. En el caso de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, según recoge el estudio, en 2006 había 59.000 personas con discapacidad registradas en las respectivas Diputaciones y tan sólo una de cada tres estaba ocupada en alguna actividad profesional. Por ello, se incide en la necesidad de eliminar los obstáculos que se oponen a la integración social de dicho colectivo a través del trabajo.

En este sentido, afirmaron que existen indicios de que las organizaciones de la economía social están desempeñando un destacado papel en dicha labor y remarcaron el protagonismo de asociaciones y fundaciones, así como de los centros especiales de empleo en los tres herrialdes. Explicaron, asimismo, que el objetivo central de la investigación consistió en analizar los obstáculos que se interponen para insertar socialmente a dicho colectivo a través del trabajo, así como proponer soluciones investigando en profundidad el comportamiento de los tres grandes protagonistas en este ámbito: las personas con discapacidad, las empleadores y las Administraciones Públicas.

José Luis Monzón, catedrático de la Universidad de Valencia y autor del estudio junto a José Barea, consideró que está legitimada la puesta en marcha de políticas específicas para las empresas de economía social. También recomendó incrementar el número de empresas que deben cumplir con una cuota de reserva para los trabajadores con discapacidad, porcentaje que en el Estado español se sitúa en el 2%. Asimismo, apostó por fomentar el autoempleo en este colectivo y situó el asociacionismo de las personas con discapacidad como primer eslabón en la cadena de la inserción.