La situación de la sanidad pública en Nafarroa es crítica y escandalosa. Un sistema que hasta hace unos años se jactaba de ser puntero a nivel europeo ha pasado a ser claramente deficiente y uno de los más precarios a nivel estatal. Los datos hablan por sí solos. En el Estado español se invierte de media un 5,5% del PIB en Sanidad, cifra que en países avanzados como Alemania se eleva hasta el 10%, mientras que en Nafarroa se queda ahora en el 4,1%. El Gobierno de UPN, con el apoyo de PSN y CDN, ha desmantelado Osasunbidea. A la evidente explicación ideológica de que la derecha apuesta por la privatización y por menguar lo público se suma que en el caso concreto de Nafarroa el Opus, con su Universidad y su sistema sanitario paralelo, es un auténtico lobby. Un grupo de presión al que se ha priorizado frente a los intereses de la ciudadanía navarra, ésa que paga sus impuestos religiosamente y que ve luego cómo ese dinero público se desvía para ese entramado conservador y fundamentalista. A partir de ahí la sanidad se ha configurado en Nafarroa como un negocio más.

En el fondo, todo es cuestión de prioridades. Al fin y al cabo, el presupuesto es finito y lo que se invierte en un sitio se deja de invertir en otro. Por eso conviene contrastar la cada vez menor inversión en sanidad con la partida adjudicada, por ejemplo, al TAV (más de 400 millones de euros en total en los próximos cinco años, entre costes e intereses). Se apuesta por reducir en 20 minutos el trayecto en tren de Iruñea a Madrid a costa de alargar en meses las listas de espera para operaciones quirúrgicas. Una política que conlleva el cierre de centros de asistencia, la falta de personal, las horas extras, la precariedad del servicio, la privatización...

La consejera María Kutz, responsable de esta situación, debería dimitir; así lo han pedido los representantes de los trabajadores. Pero sobre todo hay que trabajar para revertir la política establecida por UPN. Es un tema de salud, tanto pública como democrática.