El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente Mota presentó ayer un recurso de apelación ante la decisión del juez Baltasar Garzón de poner en libertad a Rafa Díez Usabiaga, el lunes pasado, bajo una fianza de 30.000 euros y estrictas limitaciones para participar en política.

Mota esgrime que la circunstancia humanitaria que alegó el ex secretario general de LAB para pedir su puesta en libertad -cuidar a una familiar directa dependiente- «ha sido artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria», y que los motivos por los que fue encarcelado persisten.

El fiscal sostiene que «por razones de igualdad procesal» con el resto de procesados en la causa «no deben suavizarse sin justificación suficiente» las medidas cautelares impuestas a Rafa Díez, en alusión a Arnaldo Otegi, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez, que son citados literalmente por el fiscal.

El ex secretario general del sindicato abertzale fue arrestado el pasado 13 de octubre en la sede de LAB de Donostia, junto a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez, en una operación ordenada por el juez Baltasar Garzón en la que también fueron apresados Txelui Moreno, Amaia Esnal, Miren Zabaleta, Mañel Serra y Ainara Oiz.

Tres días después, el juez Garzón envió a prisión a Díez, Otegi, Zabaleta, Jacinto y Rodríguez, por tomar iniciativas políticas o sindicales en favor de la solución al conflicto y de la unión de fuerzas soberanistas.

Derechos restringidos

Cabe recordar que Garzón dejó en libertad al ex secretario general de LAB con la condición de que le enviara cada quince días «información sobre el desarrollo del cuidado dispensado a su madre, de él dependiente». Asimismo, le impuso la prohibición de salir del Estado español, la retirada del pasaporte y dos comparecencias judiciales por semana en el juzgado más próximo a su domicilio.

En este sentido, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, recordó que Díez, «igual que otros muchos militantes de la izquierda abertzale, fue encarcelado por una decisión política», y que su puesta en libertad se ha producido «con sus derechos limitados de forma injusta».

«No parece que las condiciones en las que ha salido, en las que se restringen sus derechos civiles y políticos, sean condiciones que nos vayan a decir que está en Euskal Herria en libertad», manifestó la secretaria general de LAB. Etxaide denunció también que «el objetivo político de que militantes como Rafa Díez no hagan la aportación que saben y pueden hacer para resolver los problemas que tiene este país».