Los diputados de PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA en el Parlament catalán respaldaron ayer una resolución en la que se constatan los cinco intentos fallidos del Tribunal Constitucional (TC) español para dictar sentencia sobre el Estatut y señala que el Alto Tribunal «no está en condiciones de ejercer las tareas que constitucionalmente tiene asignadas», por lo que anuncia que «promoverá todas las acciones a su alcance con el fin de conseguir que el TC se declare incompetente», informó Efe. Además, el 87% de la Cámara catalana insta a modificar la ley del TC y a proceder a su renovación.

Las exigencias del Parlament son de difícil concreción a corto plazo, pues es improbable que el TC se declare incompetente y que las reformas legales puedan prosperar antes de las elecciones catalanas. La Cámara se dirigirá a los presidentes del Congreso y del Senado españoles para la «urgente e inexcusable necesidad» de proceder a la renovación de los magistrados con mandato caducado.

PSC, CiU e ICV apelaron a que se «cumpla» la propia Constitución española y se proceda a la renovación del TC. Las tres formaciones políticas y ERC, que no firmó la resolución aunque votó a favor, proclamaron la necesaria «unidad» catalana para evitar un recorte estatutario.

Fuera de la Constitución

El portavoz del PSC en el Parlament, Miquel Iceta, alertó de que con el fallo que el TC prepara sobre el Estatut «no sólo está en juego el Estatut, sino una determinada interpretación de la Constitución de 1978, que fue un gran espacio de encuentro». «¿Seguiremos cabiendo los que luchamos para conseguirla y la votamos, o nos veremos expulsados del consenso constitucional 30 años después?», se preguntó Iceta.

Iceta, que no mencionó las reticencias del PSOE a reformar la ley del TC, quiso dejar claro que con esta resolución el Parlament «no presiona al TC ni niega su función, sino que sólo pretende que desarrolle sus fun- ciones con plena normalidad institucional, para que sus decisiones puedan ser aceptadas con normalidad».

PSC, CiU e ICV pretenden forzar la renovación del TC y posponer la sentencia hasta después de las elecciones catalanas, previstas para otoño, mientras que ERC espera cuanto antes un fallo que active a su electorado, porque da por muerta la vía autonomista. Su portavoz parlamentaria, Anna Simó, consideró que «la sentencia está ya dictada y de poco sirven los intentos legítimos de retrasarla o de querer sustituir al verdugo del Estatut, porque no por ello acabará recibiendo el tiro de gracia».