LAB ha pedido por escrito a los grupos políticos de las Juntas Generales de Gipuzkoa y a la Diputación que «dejen de despistar a la opinión pública» en torno al fraude detectado en la Hacienda guipuzcoana, y que adopten «las decisiones necesarias para abordar en su totalidad las ramificaciones del fraude y se tomen las medidas pertienntes para ello». Entre las medidas que propone la central abertzale, está el cese de las personas que «por razones de responsabilidad funcional o asesora» estuvieran en la institución foral en el tiempo en que se produjo el fraude y que hoy siguen ocupando cargos de responsabilidad. A modo de ejemplo, cita a Eneko Goia, actual diputado y portavoz del Ejecutivo.

En una nota de prensa, LAB hace una valoración del trabajo que la comisión de investigación de las Juntas Generales ha llevado a cabo en estos meses, y dice no esperar «gran cosa» de sus conclusiones, ya que «esa no era la manera de ir al fondo del problema y se podía convertir en una justificación para impedir que todas las ramificaciones del fraude salgan a la luz». En este sentido, señala que la investigación de la empresa Glass como un caso separado del conjunto del fraude, «nos reafirma en nuestra preocupación, porque se sigue sin abordar de manera integral el fraude».

Este sindicato censura también que «hasta ahora las comisiones de investigación, aunque apuntan determinadas responsabilidades políticas, no tienen ninguna consecuencia real ni en el ámbito penal ni en el disciplinario». Asimismo, valora que Juntas Generales y Diputación «pueden hacer muchas cosas para esclarecer lo sucedido y resarcir a la Hacienda Pública del daño ocasionado».

Listado de medidas

En este sentido, además de los citados ceses, reclama «la apertura de expediente sancionador por incumplimiento del principio de compatibilidad a los imputados por expedientes abiertos en el ámbito penal». LAB también pide «información pormenorizada de la situación de excedencia de personas que son directivos, accionistas, que han trabajado o que trabajan en empresas ubicadas en el antiguo domicilio social».

Además, requiere información de las inspecciones fiscales realizadas en las citadas empresas, y que se inspeccione la actividad del ex director de la Hacienda de Gipuzkoa Víctor Bravo como consejero de Alfa y de otras empresas privadas.