La revisión del Plan de Zorrotzaurre pone en evidencia el déficit democrático en Bilbo
El Consejo Asesor de Planeamiento se reunirá el lunes, por segunda vez en una semana, para tratar de consensuar un dictamen que desbloquee el Plan Especial de Zorrotzaurre, paralizado después de que una sentencia del TSJPV pusiese en evidencia que el Consistorio bilbaino no había respetado el procedimiento al saltarse su informe preceptivo. A contrarreloj, la delegada de Urbanismo, Julia Madrazo, busca una aprobación de mero trámite entre las quejas vecinales.
Agustín GOIKOETXEA |
Tras la sentencia del TSJPV que anuló el Plan Especial de Zorrotzaurre, los responsables del Ayuntamiento pretendieron restar importancia al revés judicial en el futuro de la mayor operación urbanística en marcha en Bilbo y aventuraron que el retraso sería mínimo. Un mes después de conocerse la resolución, el equipo de gobierno PNV-EB no acaba de encarrilar el asunto y además, para su desgracia, ha dejado en evidencia el déficit de participación, al tratar de que el Consejo Asesor de Planeamiento refrendase el pasado lunes sin rechistar un dictamen favorable a sus intereses.
No lograron su objetivo y el asunto quedó encima de la mesa hasta la reunión que el Consejo celebrará el lunes, a partir de las 19.00. En vez de iniciar una nueva tramitación del Plan, lo que retrasaría su ejecución en cerca de dos años, el Consistorio pretende partir del dictamen favorable que le otorgue el Consejo Asesor de Planeamiento, evitando la apertura de un proceso en el que diferentes agentes puedan intervenir, especialmente los vecinos.
Fueron precisamente los representantes vecinales los que el lunes cuestionaron el proceso y no ahorraron críticas. Hace ya unas semanas, Javier Muñoz, el portavoz de la Federación de AAVV, denunció que el Consistorio «trata de convertir el Consejo en un órgano a su servicio, de mero trámite», apostillando que «dispone de unas competencias muy limitadas. Es todo fachada. Se ha hecho porque era necesario por ley», censuró.
Lo curioso del caso es que el Ayuntamiento necesita un dictamen del Consejo, aunque luego éste no sea vinculante. Para tratar de contentar a los críticos, la delegada de Urbanismo, la edil de EB Julia Madrazo, dijo el lunes estar dispuesta a trasladar al Consejo la propuesta de modificación del Plan General antes de que sea refrendada por la Junta de Gobierno y el Pleno municipal; pero será un mero trámite ya que se quiere dar por zanjado el asunto para junio.
El acercamiento de posturas entre organismos ciudadanos y la administración local es casi imposible, pues el Ayuntamiento desea contar con su «sí» a cambio de promesas. Los vecinos recelan, especialmente después de que se conoció que, antes de la publicación de la sen- tencia del TSJPV -el 26 de marzo- cuando ya eran conscientes de que los jueces iban a aceptar el recurso por la ausencia del «preceptivo» informe del Consejo, los responsables municipales presentaron un certificado de un acuerdo que se había adoptado el 22 de marzo; los magistrados lo rechazaron, ya que habían dictado sentencia cinco días antes, el 17 de marzo.
Los vecinos reivindican que el Plan Especial de Zorrotzaurre definitivo reduzca la edificabilidad prevista, se dispongan en ambas márgenes del Canal de zonas verdes y parques urbanos, la rehabilitación de las viviendas de la Ribera de Deustua, así como la redacción de un estudio de movilidad. Pero al margen de esta operación urbanística, reclaman que en el Consejo Asesor de Planeamiento se prime la participación ciudadana sobre la representación política, abriendo cauces para ello.
PNV, PSE y EB son conscientes de que la operación urbanística de Zorrotzaurre sólo saldrá adelante mientras se mantengan los actuales niveles de edificabilidad, en detrimento de espacios públicos y zonas verdes.
Desde el movimiento ciudadano y otros agentes se analiza la posible impugnación de la normativa que rige la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor de Planeamiento Municipal de Bilbo.
PNV y EB -especialmente su portavoz y delegada de Urbanismo, Julia Madrazo- están cosechando todas las críticas vecinales respecto a la tramitación y directrices del Plan Especial de Zorrotzaurre, obviándose que el PSE, que controla instituciones claves en el desarrollo de la ambiciosa operación urbanística como los gobiernos español y de Lakua, también lo defiende.
Con la vista puesta en retornar al gobierno del Consistorio bilbaino, el PSE viene manteniendo una política de guiños al movimiento ciudadano, también en la lucha de los vecinos de San Inazio respecto a la reordenación del área del Canal de Deustua, buscando el desgaste del equipo de Iñaki Azkuna. A pesar de ello, no ha articulado un discurso duro, consciente de su responsabilidad en lo que los vecinos critican.
Aunque el portavoz del PSE en el Consistorio bilbaino, Txema Oleaga, reconoció en el último Consejo Asesor de Planeamiento la importancia del movimiento vecinal que cuestiona el Plan Especial de Zorrotzaurre, también los «compromisos adquiridos» por su partido con PNV y EB para que la operación salga adelante. IA.G.
