El Ejecutivo de Lakua remitirá a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) las actuaciones administrativas relacionadas con la autorización que en 2006 se concedió a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI SL, de la que era socio el ex director de Calidad del hospital de Cruces, José Carlos Margüello. En el conocido como «caso Margüello» se investigan las supuestas contrataciones irregulares efectuadas por Osakidetza a empresas sanitarias vinculadas con el citado ex cargo de Cruces, durante el mandato del anterior consejero de Sanidad, Gabriel Inclán,

La decisión de instar a la investigación de la citada autorización responde a un acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico. En un comunicado, Lakua indicó ayer que el Departamento de Sanidad ha abierto un expediente informativo para exclarecer la legalidad de la contratación de determinados servicios sanitarios, en el que se concluye que el ex director territorial de Bizkaia, José Ramón Elorriaga, firmó el 9 de junio de 2006 una autorización de funcionamiento para la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI SL, «al margen del procedimiento legalmente establecido».

Gestión de Servicios Sanitarios XXI SL solicitó una autorización sanitaria de funcionamiento en junio de 2009 y fue «ese mismo día, sin acto alguno de instrucción del expediente iniciado con la solicitud», cuando el director territorial de Sanidad de Bizkaia «dictó una resolución concediendo la autorización sanitaria de instalación y funcionamiento». Servicios Sanitarios XXI habría resultado adjudicataria de un contrato para frontar la situación de pacientes en lista de espera, con el informe «desfavorable» de la Oficina de Control Económico.

Según el informe de Lakua, ni el permiso otorgado el 9 de junio de 2006 figura en el Sistema Integrado de Ordenación Sanitaria (SIOS) ni la empresa autorizada consta, como es preceptivo, en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Lakua indicó que ambas circunstancias llevaron al instructor del expediente a considerar que «debía emprenderse un análisis riguroso y en profundidad de las repercusiones que la autorización irregularmente concedida».

Un informe del Departamento de Justicia y Administración Pública de diciembre de 2009 conluye que hay «indicios de prevaricación». Además, existe un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, que declaró nula de pleno derecho la resolución de 9 de junio de 2006 «por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

El grupo del PNV en el Parlamento emitió un comunicado en el que expresa su satisfacción porque «por fin» Lakua haya solicitado a la Fiscalía del TSJPV que investigue las actuaciones administrativas de la empresa del ex director de Calidad del hospital de Cruces, para que, señala la formación jeltzale, este asunto finalice con el «total esclarecimiento de las presuntas irregularidades y termine la situación de indefensión de los afectados».