El dictamen dado a conocer ayer en Bilbo por el presidente del Consejo Escolar de Euskadi, Konrado Mugertza, no deja en buen lugar al Ejecutivo de Patxi López, al cuestionar el modo en que ha impulsado su Plan de Educación para la Paz, con un grado de participación y adhesión que califica de «insuficientes». También le achaca que le inste a que con premura emita un informe cuando, a pesar de la «naturaleza política» del Plan, ha sido incapaz en las últimas semanas de ampliar el acuerdo a otras fuerzas que no sean las que sustentan al Gobierno.

Mugertza se mostró satisfecho del consenso alcanzado el jueves en la Comisión Permanente del Consejo, donde tras un debate de cerca de seis horas se aprobó por unanimidad el informe de aportaciones que ayer se presentó a la opinión pública. Su presidente confesó que «no ha sido fácil trabajar con todos los focos encima», llegando a apelar «a la responsabilidad» de partidos y medios de comunicación «en el tratamiento de temas tan sensibles para la sociedad y la escuela».

En sus reflexiones, el Consejo Escolar estima importante conocer la evaluación que se hace del anterior plan; que no se ha hecho por el Gobierno de Patxi López. «No queda claro cuál es la parte del plan anterior que sustituye y cuál la que se mantiene», se remarca. Tachan, por tanto, el documento de parcial y le instan a que le aporte una versión íntegra para un análisis más pormenorizado y posibilitar su adecuado contraste con el anterior.

Sin entrar a valorar la introducción y la exposición de motivos, con «una gran carga política», sí se insta al Ejecutivo y a los partidos a que «trabajen por el consenso para lograr un texto con vocación más integradora». Antes, no dejan de lado que el documento trate de atribuir al sistema educativo cierta responsabilidad en la legitimación de la violencia, aspecto que no comparten y que hacen constar.

Respecto al papel de las víctimas, el Consejo Escolar considera que su testimonio «constituye un recurso pedagógico valioso y contribuye al proceso de educación para la convivencia, siempre y cuando su idoneidad -subrayan- venga guiada por los criterios pedagógicos y de pluralidad, siendo los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía, quienes deben concretar las actividades, las metodologías, la temporalización y los recursos más adecuados».

Es más, cree necesario que el Plan tenga en cuenta el trabajo efectuado en los últimos años en materia de convivencia en las aulas y la autonomía de los centros. Además, de cara a deslegitimar la violencia de ETA, «subraya la importancia de la colaboración de los distintos agentes sociales y de las instituciones en la promoción de valores positivos como la justicia, la solidaridad, la empatía y la compasión con el fin de que la ciudadanía los incorpore».

Entre otros puntos que destacan, el Consejo solicita al Ejecutivo que «consideren su mejora en busca de una mayor adhesión del ámbito educativo, de entidades y organizaciones que trabajan los derechos humanos y la paz, y de los partidos políticos, con vistas a su eficaz puesta en práctica».

Celaá las considera «positivas»

Poco horas después de la comparecencia de parte de los integrantes de la Comisión Permanente del Consejo Escolar, la titular de Educación de Lakua, Isabel Celaá, calificó, en nombre de todo el Ejecutivo, de «positivas» e «interesantes» las aportaciones efectuadas, a pesar de que sus tesis y prácticas salen un tanto tocadas.

Celaá, al igual que su compañero de partido José Antonio Pastor y sus altavoces mediáticos, trató de centrar su discurso en que el Consejo Escolar cree «un recurso pedagógico valioso» el testimonio de las víctimas». «Esta reflexión, realizada desde el propio mundo educativo, es muy importante -destacó la consejera- y pone en valor la presencia de las víctimas, permitiendo que la educación vasca enfoque adecuadamente el tratamiento de todas las violencias ilegítimas, sin ninguna exclusión, y desde la empatía con las víctimas que las sufren».