Los vecinos de Barakaldo Sendoa Jurado, Unai Frías, Jon Villanueva y Asier Gómez recuperaron ayer la libertad. Los cuatro jóvenes habían sido juzgados en marzo con una petición fiscal de 33 años de cárcel por cabeza, que apenas tenía precedentes dado que se les imputaba únicamente un ataque a un cajero.

La excarcelación por orden del tribunal, por tanto, se debería a que «hayan sido absueltos o bien a que la pena impuesta se haya reducido y éstos ya la hayan cumplido en el periodo en que han permanecido en prisión provisional», según informó el movimiento pro-amnistía en un comunicado.

El juicio contra Jurado, Frías, Villanueva y Gómez arrancó el 8 de marzo y al término del mismo, la fiscal, Teresa Sandoval, decidió mantener la solicitud inicial de 33 años de prisión para cada uno de ellos. Estaban acusados de delitos de «integración en organización terrorista», de «incendio terrorista» y de «tenencia de aparatos y sustancias incendiarias y explosivos». Además, la Fiscalía española les instaba a indemnizar con 35.559,37 euros al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria por los daños causados en el sabotaje imputado.

La representante del Ministerio Público sustentó su petición en que «existió un peligro abstracto para una multitud de vecinos», en referencia a los residentes del inmueble en el que se situaba el cajero incendiado.

En la vista oral también prestaron declaración varios peritos, entre los que se encontraban dos bomberos experimentados. Explicaron que el fuego apenas duró cuatro segundos, como se observa en las cámaras de seguridad. Nada de ello hizo cambiar la petición fiscal.

Durante los días que se prolongó el juicio, los acusados negaron haber participado en la quema de un cajero automático en febrero de 2008 en Barakaldo. Los jóvenes argumentaron que aquella noche se encontraban en los carnavales de Santutxu. La defensa aportó fotogra- fías de sus defendidos en las citadas fiestas, y solicitó por tanto la libre absolución de los cuatro barakaldarras.

Los abogados defensores también recriminaron a la Fiscalía española que durante la vista oral no se esclareciera «cuál era la organización terrorista a la que presuntamente pertenecen» los cuatro jóvenes del citado municipio vizcaino.

Por todo ello, los abogados defensores tildaron de «sorprendente» la petición de 33 años de prisión, y concluyeron que la duda es «más que razonable».