El sábado de la semana pasada la izquierda abertzale hizo pública una nueva declaración en la que, textualmente, «deja sentado, sin reservas, su compromiso con un proceso político pacífico y democrático para lograr ese escenario donde el Pueblo Vasco, libre y sin injerencias ni violencia de ningún tipo, determine su futuro».

Por contra, el Estado español sigue engrasando su maquinaria con la perspectiva de prolongar el conflicto. Sólo así puede entenderse que continúe aprobando reformas legales que no tienen sentido alguno en una fase de distensión, puesto que prevé el endurecimiento de condenas para futuros detenidos y el entorpecimiento del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, tanto individuales como colectivos.

Junto a ello, el Ejecutivo del PSOE vuelve a mostrarse permeable a las exigencias más radicales del Partido Popular y de sus altavoces mediáticos.

«Libertad vigilada»

El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó un endurecimiento del Código Penal con los votos favorables de PSOE, CiU, ERC, CC y UPN; la abstención del PP y otras minorías; y el voto contrario del PNV y Nafarroa Bai.

Esta reforma legal prevé, por una parte, la imprescriptibilidad de los delitos de «asesinato terrorista». Además, se ha incluido la creación de una sobrepena para las personas que cumplan su condena por delitos denominados de «terrorismo». El juez podrá dictar para ellos un periodo de «libertad vigilada» que puede extenderse hasta los diez años. Entre los métodos previstos para ello se incluye la utilización de «aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente».

Además, el juez le podrá prohibir no sólo aproximarse a la víctima o sus familiares, sino también «acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos» e, incluso, «residir en determinados lugares».

El juez tendrá la potestad de reducir la duración de esta situación e incluso de poner fin a la misma si observa «un pronóstico positivo de reinserción».

Entre las medidas de sobrepena que se han aprobado se incluye también «la prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza».

Prohibiciones políticas

Esto puede suponer, por ejemplo, que personas que sean condenadas por su actividad política, como está ocurriendo con militantes y dirigentes de la izquierda abertzale vean ampliada su pena no sólo por la inhabilitación para presentarse a cargo público, sino también con la prohibición de seguir haciendo política por hasta diez años.

Un avance de esto se está produciendo ya en los casos de puesta en libertad provisional de dirigentes de la izquierda abertzale a los que, sin ni siquiera haber sido juzgados todavía, ya se les prohíbe la realización de determinadas actividades.

El primer caso fue el de Pernando Barrena, al que siguieron el resto de arrestados en la redada de Segura y posteriores que en los últimos meses han ido siendo excarcelados. El último ejemplo es el de Rafa Díez.

A todos ellos se les ha prohibido realizar «reuniones, manifestaciones, actos públicos, formación de grupos, coaliciones o partidos políticos de características idénticas o cualitativamente similares a aquellas» por las que fueron encarcelados.

En el caso de Rafa Díez es significativo que la Fiscalía, jerárquicamente dependiente del Gobierno, haya recurrido su puesta en libertad, cuando para muchos juristas resulta evidente que lo que se ha creado de forma «artificiosa» son las condiciones para su ingreso en prisión y las de otros muchos dirigentes abertzales.

De hecho, causa asombro internacional que personas que han liderado el cambio estratégico de la izquierda abertzale se encuentren en prisión por defender el uso exclusivo de vías políticas y democráticas.

Cerrar el paso electoral

En la resolución «Zutik Euskal Herria!», la izquierda abertzale constataba su necesidad de «disponer de una formación política legal para la intervención político institucional».

La respuesta inmediata del Gobierno español fue aprobar, en el Consejo de Ministros del 26 de marzo, una reforma de la Ley Electoral General para facilitar la prohibición de candidaturas, flexibilizando fórmulas y extendiendo los plazos hasta prácticamente el día de las elecciones.

El Gobierno mostró su voluntad de pactar estas reformas con el PP, que, sin embargo, demanda un endurecimiento mayor de las mismas. Los servicios jurídicos de este partido, encabezados por Federico Trillo, están ultimando un catálogo de propuestas que presentarán próximamente al PSOE.

La reforma de la Ley Electoral está siendo abordada en una subcomisión del Congreso que deberá tener listo su informe en junio, para llegar a tiempo de que puedan aplicarse en las elecciones locales de 2011.