Oihana LLORENTE I

Mas allá del nefasto balance -a falta de dos peticiones por responder, seis han sido rechazadas- la gravedad de la cuestión se asienta en las razones esgrimidas a la hora de vetar la consideración de víctimas del franquismo. Como ejemplo, la respuesta dada a los allegados de Jon Paredes, Txiki, y Antón Fernández.

El resultado del caso de Paredes, uno de los últimos cinco fusilados por la dictadura, podría ser esperado al ver las consideraciones restrictivas que aparecen en la propia ley, que deniega la consideración de víctima a toda persona que hubiera formado parte de organizaciones político-militares o que hubiesen desarrollado enfrentamiento armado contra el régimen franquista. Pero pese a ser una negativa esperada, apuntar que la muerte de Txiki «no guarda relación con una circunstancia de reivindicación y defensa de las libertades y derechos democráticos», como apunta el escrito de la Comisión de Evaluación, ha enfurecido a su hermano Mikel Paredes. «Ellos hacen la ley, ellos la aplican y ellos se la comen», censura.

El caso de Antón Fernández, muerto por disparos policiales en Erandio durante una manifestación vecinal en 1969, es aún más «surrealista» a los ojos de Martxelo Álvarez, portavoz de Ahaztuak. La excusa empleada esta vez es que «Fernández se encontraba observando los sucesos desde el balcón de su casa como mero espectador y no como manifestante».

Conchi Fernández, su hija, se muestra «descorazonada» con una decisión que, a su juicio, no tiene «ninguna razón de ser» y reconoce que no la esperaba «para nada». Le parece paradójico que le denieguen la consideración de víctima por no participar en la manifestación e insiste en que, si hace cuarenta años su padre hubiese dicho que había participado, «le habrían molido a palos».

«Si no es una cosa es otra, la cuestión es no darte nunca la razón», apunta desesperada, aunque informa de que ya ha recurrido la negativa. «Primero, que reconozcan lo que han hecho y luego, si tenemos algún derecho, que nos lo den», subraya.

Para la asociación Ahaztuak 1936-1977, que ha comparecido ante los medios esta semana junto a los afectados, estas decisiones constituyen «otra demostración clara y evidente de la existencia y funcionamiento del modelo español de impunidad para con los crímenes franquistas».

Censura también la «falta de consideración y de respeto para con sus víctimas» y, como muestra de ello, recuerda que ninguna familia había recibido notificación alguna acerca de la posibilidad de acogerse a dicha ley; de ahí que sólo fueran 9 las solicitudes presentadas, de las 86 familias vascas que se encuentran en esta situación.

Mikel Paredes criticó que, además, les han puesto un sinfín de pegas. «Nos han mareado con el papeleo; hemos tenido que enviar el testamento de mi hermano, el certificado de defunción original», explica. No obstante, precisa que otras familias han corrido peor suerte aún, y hay quien ni siquiera ha podido entregar los papeles. Ése es el caso de Ángel Otaegi, fusilado junto a Txiki, porque, al haber fallecido todos sus familiares directos, nadie ha podido personarse en su nombre.

La Ley de Memoria, además de la consideración de víctima, promueve una compensación económica para los familiares. Para ello, en un principio era obligatorio demostrar que en su día existía una dependencia económica entre la familia y la víctima. Hecho que, más allá de ser difícil de probar, es «injusto», a juicio de Álvarez, que opina que la pérdida de cualquier ser querido debería de ser compensada.

La cara positiva de la Ley de la Memoria ha sonreído a los allegados de Vicente Antón Ferrero, muerto por disparos de la Guardia Civil en Basauri el 3 de agosto de 1976. Él es el único vasco que por ahora ha conseguido el reconocimiento de víctima del franquismo, así como los 135.000 euros que se destinan como compensación a sus familiares. Fermín, su hermano, ha recibido con «satisfacción» este título firmado por el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, pero opina que se debería hacer algo más. «Este título se queda a nivel privado; lo saben ellos y nosotros. Queremos que las víctimas del franquismo se hagan visibles y que se diga la verdad públicamente», insiste.

Para Ferrero el reconocimiento también consiste en asumir las responsabilidades de estas muertes, algo que cree que no se ha hecho, e indica que la familia está valorando llevar a los tribunales al guardia civil que mató a su hermano.

Protesta en los tribunales y en la calle

Recuerda que llevan peleando desde la muerte de su hermano y comenta que le queda la pena de que tanto su madre como su padre hayan muerto sin saber que su hijo era una víctima reconocida. «Pese a todo, siempre ha habido gente que nos ha ayudado, como los abogados que han trabajado de forma desinteresada o los reconocimientos populares que nos han otorgado», apunta emocionado.

En la comparecencia realizada por Ahaztuak, Álvarez criticó el «cinismo vergonzante» del Gobierno español al dar estas respuestas cuando «está abierta social y políticamente la reflexión sobre la impunidad del franquismo». Exigieron, además, que se pongan en marcha medidas concretas en honor a «la verdad, la reparación y la justicia». Unas medidas que, según dijo, han de pasar por la eliminación de las restricciones impuestas para reconocer a las víctimas del franquismo; la ampliación de consideraciones personales y familiares a tal efecto, y por la apertura de un nuevo plazo de presentación de documentación.

Además de la dinámica legal que iniciará, Ahaztuak remarcó la necesidad de activar iniciativas de denuncia, interpelación y presión popular para reforzar la exigencia del fin del modelo español de impunidad.