Acusaciones piden responsabilidades al Estado por las muertes de la T-4
Las partes hicieron públicas ayer sus peticiones tras el juicio por la explosión de la T-4. Además de las condenas para Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián, tres de las ocho acusaciones particulares pidieron responsabilidades al Estado al entender que el dispositivo policial no fue correcto. Ayer se escuchó en la sala la llamada de aviso hecha 67 minutos antes, que recalcaba la potencia de la bomba.
GARA
Tres de las ocho acusaciones particulares impulsadas por víctimas del atentado que derrumbó el aparcamiento de la T-4 reclamaron ayer responsabilida- des al Estado por el dispositivo policial, al entender que no fue correcto. Ni la Fiscalía ni el resto de acusaciones, una popular y cinco particulares, cuestionan su actuación.
Las tres citadas añadieron a sus conclusiones un nuevo dato extraído del juicio: afirman que los acusados entraron «tres veces» al aeropuerto antes de colocar la furgoneta cargada de explosivos, por lo que consideran que hubo una «falta de vigilancia» palpable. Sin embargo, esta modificación no fue aceptada por el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, que alegó que en ese caso habría que repetir la vista oral entera para que el Estado pudiera defenderse de esta imputación.
En su día, el operativo de desalojo de aquella mañana del 30 de diciembre de 2006 ya fue objeto de algunas críticas de los familiares de las dos víctimas mortales -Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio-, aunque rápidamente quedaron silenciadas.
«Es de gran potencia»
En la sesión de ayer se escuchó también la primera llamada de aviso para alertar de la explosión. Según difundió la agencia Efe, la conversación transcurrió de la siguiente manera:
-Personal de la central de la DYA: «¿Dígame?»
-Interlocutor: «Hola, buenos días, escuche atentamente, por favor».
-«Sí».
-«Le llamo en nombre de ETA para advertirle de la colocación de una potente furgoneta-bomba en el parking D de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid».
-«Eh...»
-«Repito: en el parking D de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas de Madrid. Se trata de una Renault Traffic granate matrícula 6054 DKY que va a explotar a las 09:00, dentro de una hora. Subrayamos que se trata de una furgoneta-bomba de gran potencia, así como de que cualquier intento de desactivarla supondría un gran riesgo y una grave responsabilidad, ¿vale?».
-«Vale, de acuerdo».
Esta comunicación se registró a las 7.53. Hubo otras dos llamadas casi simultáneas a la redacción de GARA y una más a las 8.35 a la central SOS-Deiak de Donostia. La furgoneta no fue hallada hasta cerca de las 8.45, y la explosión se produjo a las 8.59. El parking se había desalojado muy poco antes. Palate y Estacio dormían en sendos vehículos y, al parecer, no escucharon las advertencias.
En la sesión del martes, diversos agentes de la Policía española y la Policía Municipal aseguraron que los datos facilitados sobre la matrícula que recibieron estaban equivocados, y dijeron no saber si se debió a algún error en la transmisión de la información de las llamadas
En el juicio ha sido objeto de polémica también la posición adoptada por el juez Guevara frente a algunos familiares de los fallecidos, en especial con la madre de uno de ellos.
Tras las críticas de las acusaciones particulares, el presidente del tribunal afirmó ayer que «yo tengo la entereza de que si tengo que criticar, y mi obligación es criticar, lo hago en sala, no busco los pasillos ni a los periodistas».
El juicio por este atentado se ha acelerado y ha terminado ubicado por delante del que dilucidará si Igor Portu y Mattin Sarasola fueron torturados y si, por tanto, sus declaraciones en dependencias de la Guardia Civil deberían ser anuladas. Y ello tampoco ha sido óbice para que se formulen altísimas peticiones fiscales. De hecho, el Ministerio Público dio ayer un nuevo salto y pasó de los 900 años de cárcel que pide para cada uno de los tres procesados hasta los 1.120. La modificación se justifica en que en un primer momento se afirmó que había 41 heridos y ahora se estima que fueron 52.
Por cada uno de estos heridos se reclaman 20 años de cárcel para cada uno de los tres acusados: Portu, Sarasola y Mikel San Sebastián. De este modo, la petición asciende ya a 1.040 años por cabeza, a los que se suman 80 más por los «asesinatos terroristas» de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio (40 por cada uno), hasta totalizar 1.120.
La Fiscalía solicita además que cada uno de los tres miembros del denominado «comando Elurra» indemnice con 500.000 euros a las familias de los dos ciudadanos ecuatorianos. Será hoy cuando el fiscal, Daniel Campos, desarrolle sus argumentos. Otro tanto harán las ocho acusaciones particulares, la acción popular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la defensa.
Portu, Sarasola y San Sebastián se negaron a declarar en la sesión inicial. Explicaron que no reconocían al tribunal y acusaron a la Audiencia Nacional de amparar las torturas que sufrieron. La denuncia presentada por ello ha avanzado ante las evidencias de las lesiones, y por ella deben ser juzgados quince guardias civiles. La Fiscalía pide condena para diez de ellos. GARA
