Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer, por unanimidad, instar al Gobierno de Gasteiz a «culminar el desarrollo de la Ley estatal de memoria histórica» en la CAV. Las Juntas ratifican así los acuerdos adoptados en 2006 y 2007 sobre las violaciones de derechos humanos en la guerra de 1936 y en la posterior dictadura franquista, de forma que mantienen su «compromiso» de colaborar con las instituciones competentes para recuperar «totalmente» la memoria histórica, honrando a todas las víctimas que padecieron «las injusticias» de la dictadura y la guerra.

Los grupos junteros ven adecuado realizar la convocatoria de subvenciones para investigaciones sobre la historia y habilitar fondos para indemnizaciones. De esta forma, exigen a la Diputación actuar en esta materia incrementando las iniciativas de recopilación y documentación de lo sucedido.

El juntero de Alternatiba, grupo que impulsó la enmienda, defendió ayer la actuación de los «poderes públicos» para lograr objetivos «irrenunciables de investigación de la verdad», elaborando censo de víctimas, mapas de fosas, retirando símbolos, nombres de calles y pueblos, así como cualquier título honorífico o mención que conserven personas relacionadas con el franquismo. En este sentido, solicitó la implicación de la Diputación.

Mikel Izagirre (EB) señaló que el Estado tiene «la obligación» de investigar toda denuncia. También criticó que la presidenta del Parlamento de Gasteiz, Arantza Quiroga, señalara que a algunos «se les está yendo de las manos» este tema, declaraciones que tildó de «impropias».