Medidas de reducción del gasto público
Los gobiernos López y Sanz secundarán los recortes de Zapatero
Tanto el Gobierno de Lakua como el de Nafarroa asumieron ayer que acatarán el recorte en el gasto público que anunció el miércoles en el Congreso el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y que juzgan como necesario. En ambos casos se modificarán los convenios firmados con los sindicatos para reducir el sueldo de los empleados públicos, aunque matizaron que todavía es prematuro para hablar de la fórmula que se aplicará.
GARA | GASTEIZ
El lehendakari, Patxi López, no explicará al menos hasta la semana que viene cómo aplicará el Gobierno de Lakua los recortes en salarios públicos y gasto social decretados por el Gobierno español con el fin reducir el déficit del Estado.
López, que hasta la fecha sigue sin abordar este tema en público, convocará la semana que viene a una reunión a los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y al presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) con el objetivo de analizar de forma conjunta la repercusión de los recortes anunciados por el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
Ayer fue la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, la encargada de anunciar este encuentro y explicó que el Gabinete de Patxi López debe analizar «a fondo» las medidas anunciadas la víspera, como la re- ducción de los salarios de los funcionarios en un 5% o la congelación de las pensiones, y que están pendientes aún de una mayor concreción.
En cualquier caso, Mendia apoyó sin dudar las medidas porque «todos» deben consolidar la UE y la estabilidad de la zona euro y dijo que Alemania, el Estado francés o Italia ya han tomado medidas similares. Añadió que también el Gobierno autonómico ha adoptado decisiones para aumentar la austeridad del gasto.
La consejera reconoció que la crisis económica no ha sido causada por los trabajadores, a pesar de lo cual opinó que «su superación requiere los esfuerzos compartidos de todos».
«El sector público no puede quedarse al margen de los sacrificios que están teniendo que hacer las empresas y sus empleados, con su coste en desempleo, reducciones temporales de actividad y contención salarial», añadió para justificar el recorte salarial de los funcionarios.
Aunque Idoia Mendia reclamó a la ciudadanía «tranquilidad» y dijo que la CAV se encuentra en mejor situación financiera que otros territorios y que hay datos que apuntan a una reactivación de la economía, su Ejecutivo se muestra dispuesto a «arrimar el hombro de manera solidaria para lograr la plena convergencia con la Europa más competitiva».
Tras la reunión del lehendakari con los diputados generales, y una vez que el Gobierno analice las repercusiones de las medidas en la CAV, Patxi López solicitará su comparecencia en el Parlamento de Gasteiz para expo- ner las decisiones que se vayan a adoptar. Con todo, admitió que un decreto ley, que es la vía que el Gobierno español ha elegido para aprobar sus medidas, es de aplicación obligatoria y, por lo tanto, tendría plena efectividad en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
En todo caso, dijo que «hay muchas formas» de acometer la reducción salarial. «Se puede hacer por tabla de salarios o por el conjunto de la masa salarial y su reducción y, entonces, no estaríamos hablando de reducción de salarios. En cualquier caso, es muy prematuro hacer cualquier avance», añadió.
Admitió también que los ciudadanos se verán afectados por la congelación de las pensiones y que el recorte de los 1.500 millones de euros entre las comunidades autónomas y ayuntamientos tendrá una incidencia directa.
Sanz no las ve rechazables
En Nafarroa, el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, dio su apoyo a las medidas al afirmar que «no son rechazables porque todos las hemos pedido», aunque matizó que «llegan tarde y mal» y «les faltan las contramedidas» para que no tengan un efecto negativo sobre el crecimiento económico.
Confirmó que el recorte salarial del 5% a los funcionarios también afectará a los de la Administración navarra y las locales, por lo que admitió que el acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos de la Administración para su convenio colectivo «debe acomodarse» a esta situación.
En cuanto a la forma progresiva o no de aplicarse esta rebaja, Sanz prefirió «esperar a ver qué hace la Administración del Estado». También esperará a ver qué hacen otras administraciones antes de acometer una rebaja del sueldo de los altos cargos.
Los recortes del gasto público serán aprobados por el Consejo de Ministros el próximo 21 de mayo, previsiblemente a través de un decreto ley que entraría en vigor de manera inmediata.
Para hacer efectivo el recorte salarial de los empleados del sector público, que supone el principal tijeretazo al gasto, es necesario reformar la Ley Orgánica de los Presupuestos Generales del Estado de este año, en la que figura la subida salarial del 0,3% que se pactó en setiembre con los sindicatos.
También habrá que cambiar la ley que regula el derecho a la atención de las personas dependientes, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamento, la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social y repartir el recorte de 6.045 millones de euros en inversión pública.
El PSOE ha repartido entre sus dirigentes consejos para «hablar mucho y bien» de las medidas de recorte y «no meterse en líos ni hablar de lo que no se sabe», en referencia a su forma de aplicación o a una posible subida de impuestos a las rentas altas.
La izquierda abertzale considera indispensable un distanciamiento claro del conjunto de la sociedad vasca, incluidas las instituciones, respecto de las medidas antisociales anunciadas por el Gobierno español. En Araba, el grupo independentista ha planteado en Juntas Generales un paquete de iniciativas para que los diferentes sectores sociales no se vean afectados por las medidas del Ejecutivo del PSOE.
El grupo de la izquierda abertzale criticó que el Gobierno se ampara en la necesidad de hacer frente al déficit «sin tener en cuenta que gran parte de ese déficit se ha generado por acudir al rescate de las entidades financieras, que son las principales responsables de la crisis económica existente».
«Pensionistas, dependientes, familias con hijos y trabajadores de la Administración son algunos de los sectores a los que se les pretende pasar la factura de la crisis, mientras a las rentas altas y a las entidades financieras especuladoras se les tranquiliza asegurándoles que sus altísimos niveles de renta no se verán afectados», añadió. Opinó además que esta situación activa el debate sobre la independencia de Euskal Herria ante la falta de potencialidad de las actuales instituciones para realizar políticas integrales diferenciadas de las del Estado español.
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PNV y PSE defendieron ayer en el Parlamento de Gasteiz la subida del IVA a partir del próximo julio, y rechazaron una propuesta del PP que pedía al Gobierno español que anulara esta medida. El PP pidió a PSE y PNV que convenzan a José Luis Rodríguez Zapatero para que no eleve este impuesto. PP, UPyD y Aralar respaldaron la propuesta y EA y EB se abstuvieron.
El secretario general de la patronal alavesa SEA, Juan Ugarte, calificó de «insuficientes» las medidas anunciadas por el Gobierno español y reclamó una reforma estructural tanto en el empleo como en las pensiones, al igual que el presidente de la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa Adegi, Eduardo Zubiaurre.
CCOO y UGT han convocado una huelga de los trabajadores del sector público en el Estado español para el 2 de junio e invitarán al sindicato de funcionarios CSI-CSIF a participar en este paro contra la rebaja salarial para los funcionarios. La huelga culminará una serie de movilizaciones que comenzarán el próximo jueves, convocadas por las tres centrales. Sin embargo, aún no plantean una huelga general que rechace estas medidas. Los líderes de UGT y CCOO se reunieron ayer en La Moncloa con el presidente del Gobierno español para trasladarle sus discrepancias. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, no descarta una huelga general ante la «absoluta disconformidad» de los sindicatos con las medidas del Ejecutivo, si bien pidió tiempo para no tomar una decisión precipitada. Su homólogo de UGT, Cándido Méndez, dijo que la respuesta será conjunta con CCOO. José Luis Rodríguez Zapatero mostró «su respeto» por las movilizaciones que puedan convocar. En Euskal Herria, ELA anunció movilizaciones ante las amenazas sobre el sector público y exigió a Lakua que se desvincule de los recortes anunciados por Madrid.
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En Euskal Herria, el PNV pidió al Gobierno español que cualquier medida que se adopte en la CAV relacionada con las propuestas para reducir el déficit público se negocie antes en la comisión mixta del Concierto Económico y que el decreto sobre estos recortes se ajuste a las características de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
El parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, solicitó a Lakua que no se limite a actuar «miméticamente» respecto al Gobierno español y le instó a que trate de impulsar pactos sobre política fiscal en las Juntas Generales de los tres territorios. Además, lamentó que «seguramente no se hará nada» en la dirección de incrementar los impuestos a las rentas más altas. La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, opinó que el presidente del Gobierno español «ha echado por la borda» el Estado de Bienestar al proponer unas medidas que reducen el gasto social. Ezenarro rechazó los recortes y planteó otras fórmulas para reducir el déficit público, como una fiscalidad más redistributiva. Asimismo, acusó al Ejecutivo de plegarse a los poderes económicos y también mostró su preocupación por que el Gobierno de Patxi López «va a aceptar las medidas sin rechistar, sin plantear ni siquiera enmiendas o posición contraria».
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