Dentro de la crisis económica que tiene a Europa acogotada, los mandatarios españoles han hecho un gran esfuerzo en defender que «España no es Grecia». En ese mismo contexto, los políticos, juristas e intelectuales que defienden a Baltasar Garzón intentan presentarlo ante el mundo como si del filósofo Sócrates se tratara: un justo y recto ciudadano, víctima del sistema democrático que él mismo tanto ayudó a construir.

Tienen razón en algo: el Estado español no es ni la Grecia que se ha levantado contra las medidas decretadas por el FMI -basta ver la cobardía de los sindicatos españoles ante esas mismas medidas, pero sobre todo ante la situación de los millones de parados- ni la Atenas que dio forma a la primera democracia. La cicuta que ha matado política y judicialmente a Garzón es una fórmula de «estado de derecho» que se ha utilizado para ahogar a la democracia y que es consecuencia de la transición española. Una crítica que ha defendido casi en solitario durante treinta años la izquierda abertzale, la única parte de la resistencia contra el franquismo que no asumió los Pactos de la Moncloa, la única que ha denunciado la falta de democracia y la pervivencia del franquismo en las estructuras del Estado; la misma que Garzón ha combatido con una ley que, de puro retorcerla, ha convertido la balanza que la simboliza en una espada.

Quienes bajo su tutela padecieron torturas en los calabozos de las FSE no llorarán la desgracia de Garzón. Quienes vieron a sus seres queridos injustamente encarcelados considerarán que todo castigo contra él es poco. Y, sin embargo, por mucho que le pene a su ego, el debate no es Garzón, ni sus víctimas, ni siquiera las víctimas del franquismo. En Madrid el debate hoy es si las fuerzas progresistas españolas van a aceptar definitivamente tal homologación del franquismo. Y el debate en Euskal Herria es si merece la pena esperar a que los españoles se aclaren sobre qué es y qué no es una democracia. Muchos vascos creen, con razón, que ese tiempo ya pasó.