La mayoría sindical vasca convocó ayer una huelga general para el próximo 25 de mayo como forma de protesta contra los recortes anunciados por Rodríguez Zapatero. Las centrales interpretan el paquete de medidas del Gobierno español como una «estrategia de desmantelamiento y privatización de lo público» que certifica el sometimiento del poder político al capital y pone de manifiesto que los miles de millones que ha costado el rescate público de un sistema financiero privado al borde del abismo van a ser sufragados a costa de los derechos de los trabajadores. Algo que los sindicatos vascos ya anunciaron y denunciaron con la huelga general convocada hace exactamente un año.

En la coyuntura actual, es importante no ceder fuertes, pero aún lo es más no perder la guerra. Y si los fuertes son los recortes salariales, la guerra es contra la sanidad pública, la educación, el transporte público. En definitiva, está en juego la supeditación de lo público a las leyes de mercado, las que el propio mercado es el primero en romper si no obtiene beneficios. La prioridad son los parados, los eventuales, los que trabajan en negro, los jóvenes y las mujeres, los pensionistas... La convocatoria del 25 de mayo debe caminar hacia la profundización en un sindicalismo de contrapoder que busque alternativas globales y huya de ese otro formato clientelar que simplemente ofrece asesoría jurídica a sus afiliados.