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RECORTES DEL GOBIERNO DE ZAPATERO
Evaluación objetiva de la rentabilidad social e individualización de responsabilidades
Miguel Buen dice que el puerto exterior de Pasaia se reduce a la mitad por la crisis. Podría entenderse un retraso pero... ¿será que en adelante los barcos van a tener la mitad de tamaño? Resulta alarmante que proyectos que se presentan como estratégicos estén en realidad tan mal definidos que de un día para otro puedan reducirse a la mitad. ¿No será que en realidad no son estratégicos?
Iñaki IRIONDO
Grandes infraestructuras que hasta la fecha se habían presentado por sus promotores como proyectos estratégicos para el país, sin los cuales casi podría decirse que nuestra existencia misma estaba en peligro, van ahora al cesto de la papelera o se retrasan sin fecha fija porque a la Administración pública le ha llegado la hora de apretarse el cinturón. Serán cementeras y constructoras las que más lo van a lamentar.
Especialmente llamativa es la «jibarización» del puerto exterior de Pasaia. El presidente de la Autoridad Portuaria local, Miguel Buen, anunció la pasada semana y refrendó anteayer que en la próxima reunión de junio va a proponer al Consejo de Administración del Puerto la reducción a la mitad del proyecto, tanto en superficie como en presupuesto.
Al margen del debate sobre la idoneidad de construir dicho puerto exterior y de su gran coste ecológico, resulta enormemente alarmante que lo que se ha presentado como «el gran proyecto estratégico de Gipuzkoa para los próximos veinte años», del que se viene hablando formalmente desde al menos 1999, sea en realidad un puerto-chicle que se estira y se encoge en función de no se sabe muy bien qué tipo de criterios.
En febrero de 2000 el presidente de la Autoridad Portuaria, entonces José Ignacio Espel, habló de un proyecto inicial presupuestado en 384,6 millones de euros. Catorce meses después el coste era ya de 685 millones, y en diciembre de 2002, de 725. Todavía sólo había ideas y el precio ya se había doblado. Con el cambio de autoridad portuaria, que pasó a manos de Joxe Joan González de Txabarri, el último proyecto conocido volvía a duplicar su coste, hasta los 1.500 millones de euros. Ahora, otro presidente, Miguel Buen, habla de 750 millones, reduciendo más de la mitad la «superficie seca» y en un 25% la de agua.
Si la razón real fuera la crisis, lo entendible sería un retraso en los plazos de ejecución, no la miniaturización del puerto. ¿O acaso en adelante los barcos van a tener la mitad de tamaño? ¿Y los contenedores? Si el puerto previsto era «indispensable para Gipuzkoa», según llegó a decir en noviembre de 2008 Iñaki Arriola, actual consejero de Obras Públicas, ¿cómo es que ahora nos podemos conformar con la mitad? ¿No será que, en realidad, nunca fue indispensable?
Es hora de que las infraestructuras públicas dejen de estar sometidas a la megalomanía, intereses o envidias localistas de determinados cargos públicos, y su necesidad y rentabilidad social se pueda medir por parámetros más o menos objetivos o, al menos, comúnmente aceptados. Los análisis coste-beneficio de determinadas infraestructuras son obligatorios desde hace tiempo en EEUU, Gran Bretaña y el Estado francés antes de que se adopte una decisión sobre su construcción. E incluso en algunos casos se les aplican programas informáticos estandarizados .
Por contra, en el Estado español los informes técnicos se sustituyen por la propaganda, por estudios encargados por los propios promotores de la obra que siempre le dan la razón o, en el colmo de la metodología científica, por encuestas telefónicas.
Curiosamente, Miguel Buen anunció la reducción del puerto a la mitad en una rueda de prensa para dar cuenta de que más del 60% de los guipuzcoanos «son favorables» a su construcción. ¿A cuál? ¿A la versión original o a la amputada? ¿O les da igual? ¿Quieren cualquiera o, en realidad, no saben nada de ninguna? Por cierto, a Buen se le olvidó mencionar que hace dos años, en junio de 2008, el apoyo era de más del 70%. Han perdido un 10% de adeptos sin haber movido una piedra todavía.
Y junto a la evaluación objetiva de la relación coste-beneficio social, también convendría que los políticos impulsores de los proyectos asumieran responsabilidades personales de sus actos. Joxe Joan González de Txabarri, licenciado en Filología vasca y diplomado en Pedagogía, Teología y Catequética, diputado en el Congreso y diputado general de Gipuzkoa, legó un proyecto valorado en 1.500 millones de euros. Miguel Buen, que estudió Formación Profesional, rama de construcciones metálicas, y ha sido alcalde, juntero, parlamentario y diputado, dice que él lo deja en la mitad. El consejero autonómico del ramo, Iñaki Arriola, es abogado y ya ha dejado algunos entuertos urbanísticos en el pueblo del que fue alcalde. Y el ministro, José Blanco, estudió Derecho a distancia y lo abandonó para centrarse en la política.
Cierto es que ellos no son los técnicos y que les corresponde tomar decisiones políticas. ¿Pero las tomarían como lo hacen si se jugaran algo personal en cada firma?