Dicen los mentideros que Rodríguez Zapatero empleó la expresión «se acabaron las bromas» para hacer entender a sus compañeros de partido lo drástico de la situación económica española y la importancia de unas medidas que a pesar de venir impuestas por el FMI él considera necesarias. Las explicaciones que posteriormente ha dado su hombre fuerte y ministro de Fomento, José Blanco, muestran que hablan muy en serio, aunque sea siempre desde esa perspectiva subalterna. Ayer Blanco insistió en el contenido y en el tono al presentar delante del Parlamento español la dimensión del recorte en infraestructuras públicas: más de 6.000 millones de euros entre este año y el siguiente.

Precisamente, si en algún terreno ha habido «bromas» institucionales en Euskal Herria ése ha sido en el de las infraestructuras. No ha habido ordenación del territorio, no se ha vertebrado el país, se ha despreciado el coste ecológico y el daño al patrimonio de muchas de esas infraestructuras, no se han calculado costes y beneficios, se ha generado un clientelismo inaceptable, se ha desatado una demencial carrera entre diferentes territorios... todo a cuenta del presupuesto público. En definitiva, se ha derrochado y además se ha fardado al hacerlo.

Que un Gobierno incapaz de atajar esto antes, que además ni siquiera quiere maquillar esas medidas antisociales con una subida de impuestos progresiva diga que se han terminado las bromas es, en sí mismo, una broma macabra. Pero, cuidado, hay quien tendrá la tentación de seguir con el registro «cómico». Patxi López, los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el presidente de Eudel tienen que analizar ahora cómo van a aplicar estas medidas. Antes de que comiencen con su trillado guión hay que exigirles seriedad y marcar prioridades: anulación de infraestructuras necias y apuesta por otras alternativas viables y rentables; que apuesten por los servicios públicos y por el empleo; y que apliquen una política fiscal progresiva.