Desde que Rodríguez Zapatero irrumpió en la escena política como candidato primero y como presidente del Gobierno de España después, repitió una y otra vez que durante su mandato no se produciría recorte de derechos sociales de los trabajadores. No era necesario: la economía española era fuerte, la banca sólida y modélica y además los brotes verdes empezaban a aflorar, por lo que lo peor ya había pasado y en poco tiempo las cosas iban a tomar otro rumbo y pronto se crearía empleo. Las reformas que hubiera que hacer se harían por consenso o no se harían y bla, bla, bla...

Entre tanto, las organizaciones patronales, con el descarado apoyo del PP y sus segundas marcas, insisten en que para frenar el aumento del paro y crear empleo lo que hay que hacer es reducir los costes sociales, es decir las aportaciones patronales como cotización a la Seguridad Social y, por encima de todo, flexibilizar el mercado de trabajo, que es muy rígido, lo que, traducido, quiere decir abaratar el coste del despido para el empresario.

Parece increíble que pueda hablarse de disminuir el paro reduciendo el coste del despido, porque si algún freno tiene en este momento el empresario a la hora de despedir es precisamente que le salga caro, y buena prueba de ello es que a la hora de reducir plantilla escogen a los trabajadores con menos antigüedad, ya que al estar establecido el sistema de indemnizaciones en función de los años de servicio, resulta mucho más barato echar a los nuevos que a los veteranos. A día de hoy el despido es libre, aunque tiene un precio. Parece lógico pensar que cuanto más barato sea ese precio, habrá más despidos y, en consecuencia, decir que es necesario para reducir el paro es una falacia. La única garantía de estabilidad en el trabajo es tener mucha antigüedad para que el coste del despido sea alto y así disuadir al despedidor.

Ante la crudeza de la situación económica y la presión internacional y de la derecha autóctona, el inquilino de la Moncloa anunció hace días el tijeretazo para disminuir el déficit público y ahora habla ya de aumento de impuestos y de la reforma laboral que se llevará a cabo con o sin consenso. Antes del zapaterazo, el Gobierno español había propuesto ya a los agentes sociales un proyecto que suponía reducir el coste del despido para los empresarios con diversos subterfugios, tales como que parte del coste de la indemnización la pague el FOGASA, o estableciendo el modelo instaurado en Austria en 2002 por la derecha, o extendiendo los contratos de trabajo con indemnización reducida a 33 días por año en vez de 45.

A la vista de que al PSOE se le ha caído ya la careta, no parece descabellado pensar que en poco tiempo aprobará el abaratamiento del despido, control del absentismo y duración de las bajas, contención de salarios... y ayudas a la Banca. Y si no quieres taza, taza y media, y a rezar todos para que se salve el capitalismo, porque si no viene el hambre. Siempre lo mismo, ¡mierda de ciudad!