Condenas de mil años en base a «declaraciones voluntarias»
A la Audiencia Nacional española no le ha importado el caso abierto por las denuncias de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola para condenar a ambos y a Mikel San Sebastián a 1.040 años de cárcel por el atentado de la T-4. El tribunal especial considera en la resolución como principal prueba las «declaraciones voluntarias» realizadas por los vecinos de Lesaka en manos de la Guardia Civil.
GARA
Las autoinculpaciones arrancadas por la Guardia Civil a Igor Portu y Mattin Sarasola durante los días que permanecieron incomunicados han sido valoradas como las pruebas principales para condenar a ambos y a Mikel San Sebastián por el atentado de la T-4 el 30 de diciembre de 2006. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española considera en la resolución que las declaraciones fueron «voluntarias y no producto de clase alguna de tortura, maltrato físico o presión sicológica».
El tribunal ha impuesto condenas de 1.040 años para cada uno de los encausados, además de indemnizaciones millonarias a los familiares de los dos fallecidos tras la explosión de la furgoneta y a otros afectados.
Acusación de la Fiscalía
Si bien en el juicio ni en la sentencia la Audiencia Nacional asegura que no hubo torturas, la Fiscalía considera lo contrario en el escrito de acusación del caso abierto en Donostia. Diez agentes de la Guardia Civil están imputados en la causa, aunque la defensa acusa a quince. Todos ellos deben ser juzgados en los próximos meses.
Portu estuvo al borde de la muerte tras su detención en enero de 2008. Permaneció tres días ingresado en la UCI del Hospital de Donostia con fracturas en dos costillas, traumatismo torácico y neumotórax, entre otras dolencias.
El propio juez Fernando Grande-Marlaska admitió desde un primer momento que entre el testimonio de los dos vecinos de Lesaka había múltiples coincidencias, pese a que no habían estado en contacto apuntalando su credibilidad.
Sobre las lesiones que presentaban Portu y Sarasola, la Sala avala la versión del Ministerio de Interior español. El tribunal dice que se debieron a que sus detenciones «resultaron violentas» por la «huida» que trataron de emprender y la «resistencia» que opusieron. La sentencia afirma que «las alegaciones de torturas son habituales en este tipo de actividades terroristas». En concreto, cita la existencia de un documento supuestamente incautado al presunto militante de ETA Garikoitz Aspiazu. El tribunal asegura que se dan instrucciones para «denunciar siempre torturas y nunca ratificarse ante el juez».
Agentes de la Ertzaintza amenazaron a las 100 personas que participaron en la concentración de presos de Algorta con acusarles de enaltecimiento por portar retratos de los presos. Tres personas fueron identificadas.
El hostigamiento policial a la herriko taberna del Casco Viejo de Bilbo no cesa a pesar de que dos de los trabajadores del local han sido citados por la Audiencia Nacional por las fotografías de presos. Incluso, uno de ellos -Julen Orbea- fue detenido esta misma semana al no presentarse en Madrid y quedó en libertad al de unas horas tras pasar ante el juez.
Después de lo acontecido en los últimos días, la Ertzaintza irrumpió ayer de nuevo en el establecimiento hostelero. Se trata de la novena ocasión en que entra en el local a retirar las fotografías de presos. Según explicaron a GARA, los agentes se llevaron también pancartas de propaganda y sacaron fotografías del local. Asimismo, obligaron a salir a las personas que se encontraban en el interior del bar e identificaron a la camarera.
En protesta por la actuación policial, realizaron una cacerolada por el Casco Viejo. Hosteleros y vecinos han acordado denunciar de esta manera cada vez que la Policía autonómica irrumpa en algún establecimiento.
En defensa de los derechos de los presos se concentraron 107 personas en Lekeitio, 145 en Zarautz, 97 en Zornotza, 55 en Urretxu-Zumarraga, 20 en Antzuola, 35 en Getaria, 26 en Mundaka, 42 en Lizarra, 40 en Ugao, 181 en Ondarroa, 54 en Soraluze, 90 en Bilbo frente a Sabin Etxea, 50 en Oñati, 64 en Lazkao, 47 en Barañain, 289 en Iruñea, 40 en Deba, 53 en Bergara, 18 en Bera, 170 en Donostia, 376 en Gasteiz, 50 en Arbizu, 35 en Berriozar, 30 en Zizur Nagusia y 30 en Elizondo. La Guardia Civil les obligó a dividirse en dos grupos. En Orereta se concentraron 202 personas y recabaron 100 firmas para enviar al director de la cárcel de Jaén y denunciar que su vecino Josu Ziganda se encuentra en huelga de hambre con el resto de presos. GARA
El movimiento pro amnistía informó que los funcionarios de la prisión de Puerto III agredieron al preso vasco Arkaitz Bellón, después de que éste fuera testigo de la paliza dada por estos funcionarios a otro preso común.
Según explicaban en la nota enviada, a los funcionarios no les gustó que Bellón presenciara la agresión y le dijeron que se marchara del lugar.
Sin embargo, un poco más tarde fueron a su celda a amenazarle y le pegaron. Además, fue castigado sin visitas durante el pasado fin de semana.
Los familiares del preso conocieron que había sufrido una agresión el pasado sábado cuando éste telefoneó a sus padres informando de lo ocurrido.
El día anterior el asistante social de la cárcel se limitó a decir a sus padres que no acudieran a la vista ya que tenía cortadas todas las comunicaciones.
Es la tercera ocasión que el vecino de Elorrio sufre una agresión de similares características. En 2008 recibió también sendas palizas por parte de los funcionarios de las prisión de Algeciras. GARA
