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CONSECUENCIAS DEL AJUSTE

Patxi López aplicará la rebaja a los funcionarios y pide cautela ante las rentas altas

Si la vicepresidenta económica del Gobierno español pospuso el jueves cualquier actuación sobre las rentas altas a cuando llegue «el momento oportuno», ayer fue el lehendakari, Patxi López, quien pidió «rigor» al abordar este tema, ya que, argumentó, las grandes fortunas podrían marchar «a donde les dé la gana». Su socio preferencial, el PP, rechazó gravar más a los ricos, mientras EA y Aralar apostaron por aplicarles una mayor presión fiscal.

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GARA | GASTEIZ

Patxi López, prácticamente desaparecido desde que el Gobierno español anunciara hace diez días el plan de recorte del gasto público, tuvo que responder ayer en el Parlamento a varias preguntas relativas a este tema en la sesión de control semanal. El lehendakari confirmó que aplicará una reducción media del 5% en las retribuciones básicas de los funcionarios, mientras que respecto a la posible imposición de un gravamen a las grandes fortunas y rentas más altas, midió mucho sus palabras y sostuvo que en este caso habría que actuar con «rigor». «La teoría puede quedar muy bien», señaló respecto a la opción de imponer una tasa a los beneficios de la banca o de «tocar las grandes fortunas», pero defendió que la administración debe actuar con cuidado porque esas fortunas «se pueden ir a donde les dé la gana».

A este respecto, López dijo que un eventual incremento de la presión fiscal sobre las rentas altas «se tiene que hacer bien, y no porque nos lo pida el cuerpo», de modo que anunció que en la reunión que el próximo lunes mantendrá con los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa intentará alcanzar un acuerdo en materia fiscal para «no conseguir lo contrario de lo que se persigue», que sería aumentar los recursos.

Lo cierto es que en esta materia, el socio preferencial del Gobierno de Patxi López ya ha marcado posición. Antonio Basagoiti, presidente del PP en la CAV, rechazó de plano la posibilidad de aumentar los impuestos a las rentas altas, y argumentó que, de esa forma, «no se sacaría mucho dinero», ya que «el número de ricos en el País vasco no es muy alto».

Por contra, el parlamentario de EA, Jesús Mari Larrazabal, registró una proposición no de ley por trámite de urgencia para instar a Lakua a que promueva «los cambios legales necesarios para subir los impuestos a los más ricos». El representante de EA sostuvo que «en la actual situación económica es inaceptable que, tal y como plantea el Gobierno español, las consecuencias de la crisis recaigan sobre los sectores más débiles de la sociedad» de modo que, a través de esta iniciativa, pidió al Parlamento que «se posicione claramente a favor de incrementar la presión fiscal a las rentas más altas y marque el camino que en este terreno deberían seguir las Juntas Generales, que son las que tienen la competencia en esta materia».

Aralar, por su parte, presentó ayer en las Juntas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa un paquete de medidas fiscales, entre las que se encuentran que el tipo máximo de la escala del IRPF se establezca en el 50%; que se computen las rentas de trabajo y de capital y tributen en base a una escala; la reinstauración del Impuesto del Patrimonio; y que se lleve a cabo «una lucha decidida contra el fraude».

Las declaraciones de López también tuvieron respuesta por parte de ELA, que le preguntó «dónde están los sacrificios de los responsables de esta crisis». El sindicato que dirige Adolfo Muñoz consideró «inaceptable» que el mandatario autonómico «frivolice con un tema tan serio» como el de la fiscalidad, y opinó que con sus palabras «demuestra, una vez más, la subordinación del poder político a quienes de verdad mandan: las rentas altas y de capital, que se niegan a pagar impuestos».

El Impuesto de Patrimonio

El lehendakari también hizo referencia al Impuesto sobre el Patrimonio después de que la parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro le preguntara sobre su posición al respecto. López señaló que él «seguramente» no lo habría suprimido, sino que lo habría modificado para que afectara a los grandes patrimonios, aunque apostilló que ese impuesto «prácticamente no existe en ningún país del entorno», y pidió que el debate no se centre en posibles modificaciones fiscales.

Más elocuente fue en Madrid la compañera de partido y ministra de Economía, Elena Salgado, quien, en una entrevista concedida a RNE, declaró que si el Gobierno español hubiera conocido lo fuerte y duradera que iba a ser la crisis «seguramente» -la misma expresión que utilizó López- habría retrasado la decisión de eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, «porque nos aportaba 2.000 millones de euros que no hemos tenido durante el año más duro de la crisis».

Una vez aprobado el plan de ajuste, y después de que la propia Salgado pospusiera el jueves hasta «el momento oportuno» una eventual subida de impuestos a las rentas altas, el próximo paso que presumiblemente va a dar el Ejecutivo del PSOE será el de la reforma laboral, que esta misma semana le han vuelto a reclamar desde Bruselas. Sobre esta reforma, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, manifestó ayer que el hecho de se apruebe por decreto o no dependerá de los sindicatos -CCOO y UGT-, apuntando que «todos debemos hacer esfuerzos y buscar consenso».

Estas declaraciones llegaron después de que desde estas dos centrales sindicales hayan expresado su malestar por los últimos movimientos del Gobierno de Rodríguez Zapatero y hayan amagado con una posible convocatoria de huelga general contra los recortes.

Ayer, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, sostuvo que «probablemente» convoquen una huelga general por el «giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de la derecha, de la especulación financiera y de los llamados mercados». Desde UGT, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, advirtió de que si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral «será motivo más que suficiente para una huelga general» para la que, tras el ajuste, «hay más razones que ayer».

«Atacan gravemente al sector público y al conjunto de la sociedad»

Los representantes de la mayoría sindical vasca denunciaron ayer en Bilbo, respecto a los recortes aprobados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que «nos obligan a aplicarlos, sí o sí». «Es una agresión frontal al derecho de negociación colectiva y al derecho de decidir en Hego Euskal Herria», valoraron. Izaskun Garikano (ELA), Arantxi Sarasola (LAB), Belén Arrondo (STEE-EILAS) y Sergio Ortega (ESK) comparecieron en rueda de prensa para señalar que las medidas de Zapatero, que se acatarán en el conjunto de Hego Euskal Herria por los gobiernos autonómicos, «atacan de modo gravísimo al conjunto de la sociedad y afectan de modo especial a los servicios públicos, al empleo y a los salarios del sector» y, frente a esta realidad, animar a los 170.000 trabajadores del sector público a dar «una respuesta contundente a estos recortes abusivos». Los cuatro sindicatos han convocado manifestaciones en las capitales de los herrialdes para el martes 25 de mayo, al objeto de hacer frente «al sometimiento del poder político al capital, para que seamos los trabajadores quienes paguemos la crisis que la generó el insaciable poder económico mundial».

ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK destacaron que «el derecho efectivo a la negociación colectiva en el sector público debe preservarse en su integridad y no puede ser moneda de cambio de los intereses del gobierno de turno» y denunciaron que «es muy grave que se anulen de manera unilateral acuerdos de negociación colectiva firmados». Juanjo BASTERRA

La UE acuerda endurecer el Pacto de Estabilidad y las sanciones

Los países e instituciones de la UE se mostraron ayer a favor de endurecer el Pacto de Estabilidad y de aumentar las sanciones, tanto financieras como no financieras, contra los países que no respeten ese compromiso. La reunión de los ministros de Finanzas de la UE en el grupo de trabajo para estudiar la reforma de las reglas de la unión monetaria definió las cuatro principales prioridades: lograr una mayor disciplina presupuestaria; buscar medios para reducir las excesivas diferencias de competitividad entre los estados miembros; establecer un mecanismo de crisis efectivo, a fin de poder afrontar problemas como los que sufre ahora la eurozona; y reforzar el gobierno económico de la zona euro, especialmente en su lado institucional, a fin de que la UE «actúe más rápidamente y de forma más eficaz y coordinada». GARA

«colisión»

El Departamento que dirige Gemma Zabaleta argumenta esta orden de servicios mínimos en que «el ejercicio del derecho a la huelga puede colisionar con el resto de derechos de carácter fundamental de la ciudadanía».

servicios mínimos

El Departamento de Empleo de Lakua decretó ayer que el transporte público circule al menos en un 30% y que los hospitales funcionen como en festivos durante la jornada de huelga convocada por la mayoría sindical.

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