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ANálisis la crisis económica golpea al estado español
Concurso de acreedores
El economista de origen ruso Vasily Vasilievich Leontiev recibió el premio Nobel de Economía por sus trabajos sobre las relaciones entre los diferentes sectores de la economía de un país. Sus estudios han permitido crear instrumentos estadísticos para manejar la evolución de la economía de un país en su conjunto, el más conocido de los cuales será seguramente el Producto Interior Bruto (PIB). Este indicador se asocia generalmente con la riqueza de un país, y así, cuanto mayor es, más rico es el país en cuestión. Ahora bien, resulta que cuanto más general es un indicador, más detalles deja por el camino. Y, precisamente, en los detalles está la clave.
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Isidro ESNAOLA Economista
Se calcula que el PIB del Estado español es de alrededor de un billón de euros, lo que significa que es la octava economía del mundo. Pero si nos fijamos en los detalles, las principales ramas de la economía española son la construcción, los bancos, el turismo e incluso podríamos incluir la industria automovilística. Nada que se pueda considerar una industria puntera y en pleno auge con innovaciones y desarrollos constantes. Con esa estructura económica no es difícil deducir que la economía tardará tiempo en remontar el vuelo. Por un lado, no hay dinero para construir más y hay cantidad de viviendas construidas que no se pueden vender. Tampoco hay dinero para más carreteras y muchas de las construidas no son rentables ni económica ni socialmente. No hay más que ver el agujero que están generando las autopistas construidas en los alrededores de Madrid. El Tren de Alta Velocidad es otro agujero negro. Si el dinero escasea, la gente recorta los gastos en viajes y el turismo se resiente rápidamente. Las grandes compras, como las de automóviles, se retrasan todo lo que se pueda, hasta que el vehículo ya no da ni para pasar la ITV.
En resumidas cuentas, la economía española no va a crecer a corto plazo, no va a crear empleo y, si no hay actividad económica, tampoco generará ingresos al Estado y los gastos, por el contrario, continuarán creciendo. Ésta es la primera conclusión a la que han llegado los inversores, los especuladores y los organismos internacionales.
Con el PIB se desarrolló la Contabilidad Nacional, que permite valorar las grandes proporciones de la economía de un país. A grandes rasgos, la economía de un país se puede puede dividir en un sector privado -las familias y las empresas- y en un sector público -el Estado con todas sus administraciones-. Entre las cuentas de estos dos sectores tiene que haber un equilibrio: si el Estado se endeuda, el sector privado ahorra y viceversa. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una familia se endeuda para comprar una casa: alguien les tiene que dejar el dinero y alguno de sus vecinos que ha ahorrado está en condiciones de prestarle dinero directamente o a través de los bancos. Las deudas de unos se compensan con el ahorro de otros. Ahora bien, si en conjunto todo el sector privado tiene más deudas que ahorros, ese déficit hay que compensarlo en las cuentas del otro sector, en este caso el sector público, que habrá acumulado ahorros en ese período; dicho con otras palabras, el Estado habrá tenido un superávit en sus cuentas.
En el Estado español han conseguido que las familias y las empresas estén endeudadas y que el Estado también lo esté, es decir, el sector privado y el público se han endeudado a la vez. Eso sólo es posible porque los países no viven aislados e intercambian mercancías y capitales entre ellos. Con lo que al equilibrio interno de un estado hay que añadir el equilibrio exterior. Si un país, como ocurre con China o Alemania, vende mucho más de lo que compra en el exterior, ahorra y está en condiciones de prestar dinero. El Estado español exporta pocas mercancías e importa muchas, con lo que tampoco ahorra con los intercambios exteriores.
La única forma de endeudarse internamente y además mantener un saldo comercial negativo es recibiendo préstamos del exterior. Y eso es lo que ha pasado durante los últimos años de bonanza. Los préstamos han venido sobre todo de Alemania, uno de los grandes exportadores mundiales y también uno de los grandes ahorradores. La deuda total del Estado español, tanto pública como privada, es aproximadamente 3,5 veces el PIB o, dicho de otra manera, 3,5 billones de euros. Segunda conclusión a la que han llegado: el Estado español tiene una deuda inmensa. Por eso tiene gracia que los españoles presumieran de sistema bancario diciendo que los bancos españoles no han quebrado y, sin embargo, los alemanes sí y han tenido que ser rescatados. Claro, ellos sí han prestado dinero y cuando se han hecho malos negocios con esos préstamos se han visto abocados a la quiebra.
Los bancos españoles no han quebrado, pero al final sí lo ha hecho «España SA». Cuando a una débil estructura económica se le añade una deuda inmensa, los que han prestado dinero empiezan a ponerse muy nerviosos y quieren atar cabos antes de que la cosa se ponga peor. Cuando se huele una quiebra, ya se sabe, todo el mundo se acerca a preguntar que pasa con lo suyo. Y ahí ha venido el plan de rescate preparado por la Unión Europea y el FMI, sólo que ahora ya no confían en los deudores, y los acreedores han puesto condiciones.
Y es que los acreedores también analizan cómo se reparte el PIB, con más atención incluso que los sindicatos. En el Estado español la mitad de la tarta, aproximadamente, se la llevan los trabajadores en sueldos y el resto, las empresas y el Estado. La parte de los trabajadores llegó incluso a aumentar al principio de la crisis porque, cuando empezó a caer la riqueza, la gente que se fue al paro fueron los trabajadores precarios, aquellos con los sueldos más bajos, mientras que los trabajadores fijos y con mejores sueldos continuaron en sus puestos de trabajo. Cayó más la riqueza que toda la masa salarial y, por eso, aumentó un poco la parte de los salarios en el conjunto de la riqueza. La crisis se prolongó en el tiempo y este proceso de ajuste continuó con los trabajadores fijos mediante congelación salarial, reducciones de jornada y de sueldos, etc.
Cuando la riqueza cae, el ajuste, en la parte que corresponde a la clase trabajadora, se produce con un aumento del paro, a no ser que se planteen otras alternativas de distribución de la riqueza y del empleo. De todos estos ajustes están exentos los funcionarios, a menos que haya una decisión política como la que ha anunciado el Gobierno de Zapatero. Ya veremos en qué términos se concreta, pero puede que el ajuste termine por afectar al personal eventual y a las sustituciones de las administraciones públicas -una vía que ya ha sido ensayada en Nafarroa por la consejera de Sanidad, María Kutz-, con lo que la reducción la acabará pagando el conjunto de la clase obrera con más paro.
Esa distribución básica de la riqueza se completa con una redistribución a través de los impuestos que pagamos y las transferencias que recibimos. Y aquí el plato fuerte son las pensiones. El artículo 48 de la Ley de la Seguridad Social determina que las pensiones se revalorizarán y de qué manera lo harán. Desde el punto de vista del reparto de la riqueza, esto significa que, aunque la riqueza caiga, el trozo de tarta de las pensiones no caerá, e incluso puede llegar a aumentar. Y, claro, esto es inaceptable para los acreedores. La decisión adoptada por el Gobierno de Zapatero anula de facto ese artículo, con lo que a partir de ahora las pensiones se revalorizarán en función de la voluntad política o de la presión que sea capaz de ejercer la clase obrera. Ya no hay derechos adquiridos para nadie; el único derecho que se reafirma con estas medidas es el de los acreedores a cobrar las deudas.
Puestos a atar cabos, lo que ha exigido el concurso de acreedores para rescatar la deuda del Estado español ha sido asegurar que la proporción de la riqueza que se destine al pago de la deuda no disminuya aunque la riqueza caiga, y para eso había que quebrar cualquier derecho que pusiera en peligro ese principio. De todas formas, no nos engañemos, lo que han salvado no ha sido «España SA», sino a todos aquellos que tenían deuda española comprada, fundamentalmente bancos europeos, compañías aseguradoras y, mira por dónde, fondos de pensiones privados. Las pensiones públicas se pueden modificar a discreción; eso sí, las privadas, en ningún caso, aunque el que invierte en finanzas algún riesgo debería correr, ¿no?
La cuestión no es si el plan de ahorro del Gobierno de Zapatero sirve para sacar al Estado español de la crisis, si es necesario o si es suficiente. El plan deprimirá todavía más la economía, pero ésa no es la cuestión. Éste no es un plan para sanear la economía o las cuentas públicas, ni para reducir el déficit, es un plan para pagar las deudas, cueste lo que cueste. Y eso es lo que ha dicho Zapatero a la «Comunidad Internacional» y, de paso, a todo el que quiera oírlo: que lo primero es pagar las deudas, no importa al coste que sea. Los acreedores pueden dormir tranquilos.
A 1 de marzo había 611.493 pensiones en vigor en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. La pensión media es de 944,31 euros al mes. La pensión de viudedad media era sólo de 660,46, lo que nos da una idea de la cuantía de la mayoría de las pensiones.
La deuda pública española llegará a fin de año a 694.000 millones de euros. A día de hoy los mayores poseedores de esa deuda son los inversores alemanes con un 21,6%, seguidos de los franceses con un 20% y de los británicos con un 10,4%.