La abogada María Naredo ha coordinado en Amnistía Internacional la campaña contra la violencia hacia las mujeres hasta el año 2006 y ha seguido colaborando después mediante informes sobre la Ley integral contra la violencia de género y con monográficos sobre mujeres migrantes y violencia de género.

Desde su experiencia, ¿cree que la Ley de Extranjería española es una ley sexista?

Salvo algunos avances, en el fondo la Ley de Extranjería consolida relaciones de poder, sociales y familiares como las que están presentes en la sociedad, que desde luego es una sociedad sexista. Si tuviera un compromiso con la igualdad de género, debería haber introducido muchas más medidas correctoras de la discriminación que sufren las mujeres migrantes por motivos de género y, sobre todo, las que se encuentran en situación irregular. Una ley neutra, al final, lo que hace es reproducir la discriminación que existe en la sociedad.

¿Hay algún aspecto positivo en la última reforma legal?

Si ha habido alguna pequeña luz, ha sido la medida de aparejar autorizaciones de trabajo a los permisos de las personas reagrupadas, que en su mayoría son mujeres. Antes de la reforma se hacía la ficción de que las personas que venían reagrupadas vivían de alguien y se creaba una situación de dependencia económica muy fuerte. Ahora, al prever este permiso de trabajo de forma automática, incide, aunque tímidamente, en las relaciones de dependencia, que eran muchas veces el sustrato de la violencia de género.

¿Ha costado llegar hasta ahí?

Desde organizaciones sociales se hizo mucha presión para que esos permisos a víctimas de violencia de género llevasen automáticamente aparejada una autorización para trabajar, al igual que sucede con las personas refugiadas o solicitantes de asilo. Se ha logrado que se establezca este permiso sin estar a la espera de una oferta de trabajo.

¿Por qué considera importante esta medida?

Porque fomenta la autonomía económica, que es uno de los primeros pasos para que las mujeres salgan de la violencia de género. Sin embargo, de momento las administraciones de extranjería no están concediendo estos permisos porque, según se está diciendo de manera más oficiosa que oficial, están a la espera del reglamento.

¿Qué ocurre si una mujer sin papeles denuncia haber sufrido agresiones machistas?, ¿corre el peligro de ser expulsada?

Antes de la Ley de Extranjería existía una instrucción del secretario de Estado de Seguridad que venía a decir que cuando una mujer acudía a denunciar violencia de género había que verificar su situación de extranjería y, en caso de que fuese irregular, se debía incoar un expediente sancionador. Si luego no había sentencia condenatoria hacia el agresor, derivaría en un expediente de expulsión. Esta instrucción fue contestada por Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones. En el caso de las policías autonómicas era distinto. Así, la Ertzaintza tenía su propia instrucción, acorde con lo que son las normas de protección de derechos humanos. Es decir, cuando acude una víctima, se le asiste, y en ningún momento se le cruza esa asistencia con la iniciación de un procedimiento sancionador de extranjería. Con los Mossos d'Esquadra no era tan claro, porque no tenían una instrucción tan explícita, pero oficiosamente hacían la vista gorda y mucha Policía Nacional y Guardia Civil también hacía la vista gorda. La nueva Ley de Extranjería establece que, cuando una mujer en situación irregular acude a comisaría a denunciar, se mantiene en suspenso el expediente de expulsión, pero en el momento en que se archive la denuncia o se absuelva al presunto agresor, ese expediente se reactiva y puede derivar en su expulsión.

¿Significa eso que la situación sigue casi igual que antes?

Los datos son significativos. Casi el 47% de las denuncias por violencia de género quedan sobreseídas y casi un 50% de las sentencias que se dan en los juzgados de lo Penal son absolutorias. Esto significa que hay una espada de Damocles muy seria que se les está colocando a las mujeres. Creo que habría que garantizarles el acceso a la justicia con todas las garantías y medios a su alcance, y se está haciendo todo lo contrario. Esta ley supone una discriminación directa y un peligro muy grave para la mujer en situación irregular que acude a una comisaría a denunciar una agresión.

¿Cabe concluir que los derechos humanos se aplican de distinta forma según las personas?

A una mujer de nacionalidad española que acude a comisaría no se le revisa si está al corriente del pago de impuestos o si ha pagado las multas de tráfico. La Policía entiende que ésa es una cuestión de rango inferior con respecto a lo que es una violación de derechos humanos, como es la violencia de género. Sin embargo, el exceso de celo en el control de la inmigración irregular lleva aparejada una restricción muy importante en el acceso efectivo al ejercicio de los derechos. La Ley de Extranjería, y cualquier tipo de directriz del Ministerio del Interior, debería educar a la Policía en la protección de los derechos humanos a cualquier persona, sea cual sea su situación y estatus.

¿Ha habido mejoras en lo que se refiere a la trata de mujeres?

La Ley de Extranjería ha introducido una pequeña mejora. En agosto del pasado año el Estado español ratificó el Convenio Europeo contra la trata, y de ahí se derivan una serie de obligaciones. Una de ellas era introducir el permiso de residencia para las víctimas, a modo de protección. A la vez, se ha introducido el periodo de reflexión: en el plazo de un mes estas mujeres tienen que tener asistencia, información y alojamiento seguro, en espera de ver si toman la decisión de denunciar a los tratantes. Yo lo valoro de manera positiva, pero me temo que la aplicación no sea la deseada.