Al cumplirse el séptimo aniversario (dos legislaturas casi completas) del actual apartheid político no podemos más que resaltar que en esta época de crisis económica es cuando se nota especialmente la falta de una alternativa de izquierdas y abertzale en muchas instituciones.

Sabido es que los que dirigen, en estos momentos, la Comunidad Autónoma Vasca, las diputaciones y el Gobierno de Nafarroa se están frotando las manos con la no presencia de la izquierda abertzale en muchos de los foros donde se pueden tomar decisiones políticas importantes que lleven hacia un lado o hacia otro, una salida a la actual situación de crisis económica en la que nos han metido quienes durante años han estado inflando distintas burbujas (inmobiliaria, financiera, especulativa...).

Ahora que está más claro que nunca que utilizan los proyectos estratégicos como si de un chicle se tratara, hemos de volver a insistir en que en Euskal Herria -ni en el Estado Español- no se realiza una planificación en base a las necesidades sociales, sino en base a intereses políticos y económicos. En definitiva a intereses de la clase empresarial.

En julio hará un año que, con motivo del Pleno que las JJGG de Gipuzkoa celebraron en Zestoa, nos dirigimos a los diputados y junteros allí presentes para decirles que la configuración ilegítima de esa institución estaba propiciando una política de macroproyectos dirigidos por el lobby económico que es Gipuzkoa Aurrera (Adegi, Kutxa, Cámara de Comercio, Mondragón Corporación). Ni el puerto exterior de Pasaia soluciona los problemas de Pasaia, Lezo y Errenteria y de sus habitantes, ni su apuesta por la incineración de los residuos es la solución más saludable y económica que debe darse a la problemática de las basuras domésticas.

Tampoco el transporte de cercanías ni el de mercancías va a verse favorecidos por la construcción del TAV. Ni, por supuesto, la privatización de los servicios sociales va a traer una mejora de la calidad en el servicio de los mismos.

En Gipuzkoa, el excluir al 23,5% de los representantes elegidos aquel 27 de mayo de 2007 del cargo para el que fueron elegidos, ha permitido que el cortijo de la Diputación esté en manos del sector financiero y de las cementeras. Eso sí, sin depurar las antiguas responsabilidades de personas que metieron mano al cajón en anteriores legislaturas así como de aquellas otras que lo permitieron.

La izquierda abertzale aboga por desarrollar un modelo económico basado en impulsar la inversión en los servicios sociales como sanidad, educación, asistencia domiciliaria, etcétera. El dinero existente se debe movilizar no para destinarlo al bolsillo de unos pocos sino en dar servicio a la mayoría de la ciudadanía. No para la construcción de más macroproyectos que mueven cantidades ingentes de capital y que tiene unos pocos beneficiarios muy concretos y que se mueven en distintos consejos de administración a la vez, sino que se deben invertir en las personas y sus necesidades. Nunca en buscarnos más necesidades que cueste un ojo de la cara su mantenimiento.

«No falta dinero sino que sobran ladrones», es un lema repetidamente coreado en distintas movilizaciones laborales. Nuestra apuesta es a favor de una política fiscal progresiva y una política presupuestaria redistributiva que tenga en cuenta, y beneficie, a las personas y grupos más desfavorecidos de la sociedad guipuzcoana.