Resulta cuando menos paradójico que en un momento en el que el Estado español aparece ante el mundo como lo que realmente es, una monarquía bananera al borde de la bancarrota, un político catalán se sitúe como el héroe capaz de elevar el listón político del Congreso de los diputados en Madrid. Así ha valorado el establishment español a Josep Antoni Duran i Lleida por el abrazo del oso dado a José Luis Rodríguez Zapatero, al permitir con su abstención que se aprobase el decreto que establece las medidas impulsadas por el FMI pero pidiéndole a su vez «elecciones anticipadas» y advirtiéndole de que no apoyarán los próximos presupuestos, lo que sitúa al Gobierno del PSOE en una situación de extrema debilidad. Nadie puede negar que Duran i Lleida es un político lúcido y coherente, pero no deja de ser chocante que esa lucidez la demuestre sobre todo en el cálculo electoral y que su coherencia se muestre en toda su plenitud cuando se rige por el principio de razón de estado -del Estado español, claro está-. Más aún si tenemos en cuenta que el Tribunal Constitucional español tiene en estos momentos secuestrada no ya la voluntad mayoritaria de los catalanes, expresada a través de su Parlamento al aprobar el nuevo Estatut y refrendada en las urnas, sino el recorte de ésta acordado precisamente por el líder de CiU, Artur Mas, y el propio Rodríguez Zapatero. La jugada resulta más sorprendente aún si se tiene en cuenta que el beneficiario indirecto de la misma podría ser el Partido Popular, el mismo que interpuso el recurso que ha dilapidado definitivamente el Estatut. Claro que, dentro del cálculo político hecho por CiU entra la posibilidad de recuperar la Generalitat de la mano del PP. En todo caso, tal y como se ha señalado, Duran i Lleida tiene la virtud de haber sido siempre claro en su defensa de una Catalunya integrada en España, en sus convicciones democristianas y en su ideología neoliberal. Lo cual no quita para que esa coherencia entre en contradicción con un cada vez más amplio sentir dentro del pueblo catalán que ve a España como una rémora y que apuesta por soltar ataduras en vez de soldarlas. Un postura que, lógicamente, está creciendo aún más a raíz de la crisis.

Los regionalistas vascos también juegan

En todo caso, quizá lo que realmente resulte más extraño del debate parlamentario del jueves en Madrid, al menos desde la perspectiva vasca, sea que el paquete de medidas de ajuste haya salido adelante gracias a la abstención de Carlos Salvador, el representante de UPN. Nadie pensó que el «agostazo», la maniobra con la que José Blanco obligó a su delegación navarra a pactar con UPN en vez de con NaBai, fuese a tener tal efecto perverso. Está por ver cómo gestiona UPN este giro delante de sus bases y como actúa al respecto el PP.

Lo que no puede sorprender tanto es el voto negativo del PNV. Sobre todo porque la aprobación del decreto no dependía de su voto. Dada la debilidad del PSOE en el Gobierno, hace ya unos meses que los jelkides están tomando posición de cara a posibles negociaciones. Negociaciones que, por otra parte, no tienen nada de nuevo, puesto que de hecho este mismo año PSOE y PNV ya llegaron a un acuerdo para garantizarse mutuamente la estabilidad presupuestaria en las instituciones en la que gobiernan. Y, dada la negativa de CiU, es previsible que ya hayan comenzado los contactos para los próximos presupuestos. En esa línea de fijar una posición negociadora ante el PSOE se pueden entender también las recientes palabras de Josu Erkoreka, portavoz del PNV en Madrid, indicando que no estarían cerrados a pactos con el PP.

Mañana mismo podría darse otro ejemplo de esta estrategia si, definitivamente, el PNV llega a un acuerdo sobre el plan para la «deslegitimación de la violencia de ETA» en las aulas. Lo difícil, vista la distancia en las posiciones que muestran los borradores de unos y otros, será legitimar una decisión así ante las bases jeltzales que, hoy mismo, asistirán al Ibilaldia en Bermeo.

Falta de cultura democrática y subdesarrollo

El problema político del Estado español no es la baja calidad de su clase política, que también, sino su escasa cultura democrática, algo que impregna sus instituciones y normas. Asimismo, el problema socioeconómico del Estado español no se soluciona con unas medidas dictadas por los mismos que le han empujado a esta situación, sino a través de un cambio profundo en todos los ámbitos de la economía, lo cual implica generar más riqueza, de otra manera y repartirla de un modo radicalmente distinto al actual. Es decir, el cambio debe ser estructural en lo políltico y en lo económico o no se dará. No es fácil en ningún caso, pero en los parámetros actuales resulta prácticamente imposible.

Desde la perspectiva nacional vasca y catalana, la solución no es un regionalismo que apuntale estas taras políticas y sociales, sino un planteamiento que vertebre una alternativa que genere ilusión en el pueblo y condiciones objetivas para desarrollarse. La independencia es una opción legítima y debe ser realizable. Por diferentes caminos y a diferentes ritmos, Euskal Herria y Catalunya recorren esa senda.