Un día después de que Ivan Basso reconquistara el Giro, Alejandro Valverde fue sancionado por su presunta implicación en la Operación Puerto, la misma que mantuvo al italiano en el infierno durante dos temporadas.

Han pasado cuatro años desde que estallara el escándalo. 48 meses que el corredor murciano ha vivido entre dos aguas: los éxitos deportivos y ni un solo análisis positivo por un lado, y las denuncias, recursos, apelaciones e investigaciones por otro. El punto final al culebrón lo puso ayer el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que admitió los recursos presentados por la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje contra el corredor y la Federación Española, que había desestimado en su día la apertura de un expediente disciplinario.

El TAS considera probado que Valverde infringió el artículo 15.2 del reglamento de la UCI («uso o tentativa de uso por un corredor de una sustancia prohibida o de un método prohibido»), por lo que le condena a dos años de suspensión. Según la sentencia hecha pública por el TAS, las pruebas científicas en su mano -la «bolsa de sangre nº 18», incautada durante la Operación Puerto; la prueba científica de que la sangre de dicha bolsa contenía EPO; y la prueba de ADN que demuestra que esa bolsa contenía la sangre de Valverde-, «son suficientes para concluir que Alejandro Valverde cometió una violación del reglamento antidopaje».

En consecuencia, el TAS condena al corredor de Caisse d'Epargne a una sanción de dos años, que empienzan a contar desde el pasado 1 de enero. No anula, sin embargo -rechazando así, en parte, el recurso presentado por UCI y AMA-, los resultados obtenidos por Valverde antes de esa fecha, al considerar que no hay pruebas de que «hayan sido consecuencia de una infracción de dopaje». Una puntualización difícil de encajar con la violación del reglamento por la que se condena al corredor, como subrayaron ayer fuentes cercanas a Valverde.

Sí se le descalifica de todas las competiciones en las que ha participado desde el 1 de enero -ayer, poco antes de que se conociera la sentencia, aparecía en el primer puesto del ranking mundial-, según explicó la UCI, que aseguró aceptar «con alivio y serenidad» una decisión «que pone fin a una situación que resultaba insostenible», pese a considerar que el castigo «no resarce totalmente los daños derivados la conducta del señor Valverde desde que la UCI tuvo la convición de su culpabilidad».

Un largo proceso

Esos primeros movimientos de la UCI llegaron en agosto de 2007, un año después de que estallara la Operación Puerto, cuando solicitó a la Federación Española la apertura de un expediente disciplinario contra Valverde, ante la presencia de una bolsa de sangre etiquetada como «nº 18 Valv-Piti» entre las pruebas incautadas por la Guardia Civil durante la investigación. La demanda fue rechazada, por lo que la UCI y la Agencia Mundial Antidopaje demandaron al ciclista y a la propia Federación Española ante el TAS, que entonces no consideró probada la culpabilidad de Valverde.

En 2008, cuando el Juzgado de Madrid encargado del caso ya había archivado la causa, llegó el turno del Comité Olímpico Italiano, que inició un proceso contra el murciano. Dentro del que ya le había llevado a la condena de Ivan Basso, el CONI había conseguido una cuarentena de las muestras de sangre incautadas durante la Operación Puerto que, cotejadas con un análisis realizado a Valverde durante el Tour de ese mismo año, le hicieron considerar culpable al murciano. El CONI sancionó así a Valverde con la prohibición de correr en Italia durante dos años, lo que le impidió participar en el Tour del pasado año, una de cuyas etapas transcurría por tierras transalpinas.

Aunque Valverde recurrió la sanción ante el TAS, finalmente han sido esas mismas pruebas -cuya obtención fue muy criticada por la defensa del corredor- las que han llevado a éste a admitir el recurso de la UCI.