El «plan de convivencia» sigue siendo parte de la «estrategia antiterrorista»
Mientras el «Plan de Educación para la Paz y los DDHH» del anterior Gobierno de Lakua tenía por objetivo «una mayor conciencia y enraizamiento de la cultura de los derechos humanos y la paz en la ciudadanía», la reformulación diseñada por el Ejecutivo de López lo enmarca abiertamente en la «lucha contra el terrorismo». Pese a los cambios introducidos, su esencia sigue siendo la misma que la del borrador inicial que tuvo un rechazo frontal mayoritario.
Iñaki IRIONDO |
El nuevo texto refundido del plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia» incluye páginas y páginas del «Plan de Educación para la Paz y los DDHH» del anterior Gobierno tripartito, pero sin haber asumido nada de sus principios. De hecho, la síntesis del proyecto sigue siendo ahora exactamente la misma que en el borrador inicial entregado por el Ejecutivo de López y que fue respondido con el rechazo frontal de la oposición política y la mayoría sindical de Educación. La única diferencia es que entonces esta síntesis figuraba en la página 19 y ahora en la 51.
También el catálogo de actuaciones previstas por los principales departamentos sigue siendo esencialmente idéntica ahora y en el borrador de marzo. Sólo se ha eliminado el punto del Departamento de Educación que pretendía que los escolares celebraran homenajes a víctimas y participaran en los actos del Día de la Memoria.
El plan de Ibarretxe, «negativo»
El texto definitivo del plan, que el Gobierno de López aprobará el próximo martes, recoge que «formalmente» los planteamientos del plan del anterior Ejecutivo eran muy positivos, pero que en su traducción a la práctica, al ser muy generalista, «ha incidido negativamente» en la «deslegitimación de la violencia».
Por ello, en lo práctico, de 50 acciones previstas en el «Plan de Educación para la Paz» del tripartito, apenas se mantienen 8. Catorce desaparecen y 28 se han «reformulado». Otras nueve acciones son totalmente nuevas.
Víctimas, las de ETA
El «plan de convivencia» sigue manteniendo «la centralidad de las víctimas». Y, pese a que se ha hablado mucho sobre la extensión del término, en la página 29 queda claro que «se prioriza el objetivo de la deslegitimación de la violencia terrorista existente en nuestra sociedad que, hoy en día, no es otra que la que ejerce ETA». Sólo una vez en 160 folios se menciona al «resto de violencias ilegítimas», pero ni se desarrolla el término.
Puede llamar la atención que donde antes se escribía que era necesaria la «presencia de las víctimas» en las aulas, ahora se diga «la presencia del testimonio de las víctimas».
Sin embargo, la intencionalidad cosmética de este cambio terminológico queda clara cuando en la página 43 se defiende, con los mismos argumentos que se hacía en el borrador inicial, la necesidad de «estimular» la «presencia física» de las víctimas en clase.
El portavoz de EA en el Parlamento de Gasteiz, Jesús María Larrazabal, reiteró ayer su rechazo al nuevo texto del Plan por continuar siendo «parcial, discriminatorio e injusto».
El parlamentario de EA critica que el plan sólo tenga en cuenta a unas víctimas, las de ETA, lo cual «es discriminatorio e injusto porque supone establecer diferentes categorías de víctimas, e incluso negar en determinados casos la propia condición de víctima». Además, acusa al PSE, al PNV y al PP de «dar por buena una tesis que es muy grave y que se repite con insistencia a lo largo de todo el documento, la idea de que es necesario un cambio de actitud de la sociedad vasca ante el terrorismo». A juicio de Larrazabal, «esa tesis pone al conjunto de la sociedad vasca bajo sospecha, como si hubiera sido cómplice de ETA, y eso es inaceptable».
Acusa a los negociadores, «a unos y otros», de «haber excluido del debate a toda la comunidad educativa, pese a ser la destinataria principal del plan, y también a los grupos políticos» que hasta ayer no conocieron el texto. GARA
El presupuesto de este plan «Convivencia Democrática y Deslegitimación de la violencia» es de 6.754.100 euros para sus dos años (2010-2011) de vigencia.
Más de la mitad de ese presupuesto se lo llevan las ayudas a los ayuntamientos para el borrado de pintadas y retiradas de carteles (1,46 millones) y las subvenciones para grupos sociales (1,32 millones) y municipios (o,6 millones) para «proyectos de educación para la paz y los derechos humanos». Otros 600.000 euros se destinan a subvenciones para AMPAs.
Una campaña de publicidad en relación a la memoria de las víctimas del terrorismo tendrá un costo de 360.000 euros. I.I.
