Lakua anunció ayer que aplazará «hasta que la realidad sociolingüística lo aconseje» la aplicación de las sanciones establecidas en el decreto aprobado en 2008 que obliga a grandes empresas radicadas en la CAV a ofrecer servicios tanto en castellano como en euskara.

Dicho decreto establece la obligatoriedad de las grandes empresas de rotular y atender en las dos lenguas oficiales de la CAV, en base a la ley de Estatuto de Personas Consumidoras y Usuarias, que reconoce a los ciudadanos el derecho a recibir en euskara y castellano información sobre bienes y servicios. La normativa del anterior Gobierno de Lakua fijaba un plazo de dos años para que los establecimientos afectados, unos dos mil en total, se adaptaran a la mayor parte de los requisitos exigidos en el documento.