Mikel Zabaltza se ahogó en el río Bidasoa porque se escapó de decenas de guardias civiles... esposado. Joxe Arregi tampoco murió torturado. Y los cientos de denuncias de torturas existentes no son tales, no porque terminan directamente en la papelera, sino porque la tortura no existe y éstas responden a un «manual terrorista». Bien sabe por qué no se tortura el actual fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Él mismo lo reconoció durante los años que pasó en Donostia, cuando afirmó que basta con un solo caso de tortura para que caiga todo el castillo de naipes.

Ni las permanentes recomendaciones y denuncias de organismos internacionales como la ONU, ni el rostro machacado de Unai Romano, ni las denuncias de un director de un periódico, ni, por ahora, el ingreso en la UCI hospitalaria de un ciudadano han servido para que la Justicia española condene un caso de torturas entre los cientos denunciados. Pero tampoco sorprende, porque cualquiera entiende que todo ello responde a la política de un Estado que, con un solo caso, podría forzar a cuestionarla en su integridad.

En la lógica del conflicto político y violento que vive este país cualquiera da por hecho qué ocurre en las comisarías o cuarteles con detenidos a los que se relaciona con ETA. Y parece sorprender cuando juristas afirman que los interrogatorios policiales son del todo ilegales.

Escándalo político y judicial

Inédito es que la Guardia Civil se deje en un registro un informe sobre cómo actuar en el operativo policial. Pero lo sorprendente es su contenido, que deja entrever las acciones a realizar fuera de la ley.

A los resortes del Estado español no les costaría mucho silenciar el caso -como evidencia el escaso eco mediático que ha tenido-, pero lo cierto es que la Guardia Civil ha confirmado su existencia, aunque arguyan que se trata de un documento personal de un agente. Lo que no niegan al juez es que las «anotaciones» fueron recogidas en una reunión previa entre las comandancias de Gipuzkoa y Bizkaia, por lo que esas «anotaciones» responderían a lo planteado en ese encuentro: diferenciación de trato entre los detenidos, que en los interrogatorios se debía perseguir el logro de autoinculpaciones y acusaciones a terceros -con carga probatoria que sustenta gran parte del sumario-, reparto de agentes en grupos de interrogatorios...

El hecho de que esos extremos estén recogidos en un documento y se confirme su existencia, aunque se alegue que no es oficial, es un escándalo político. Un hecho extraordinario que, por lógica, debería acarrear consecuencias al mismo nivel. Y los juzgados de Donostia y Bilbo pueden identificar a los agentes citados en base a las denuncias presentadas por torturas. Alegan que esas denuncias responden a un manual, pero a lo que se asemeja más este dossier es a un «manual del torturador».