El Gobierno de Gasteiz está dispuesto a llevar hasta el final el proyecto del Tren de Alta Velocidad cueste lo que cueste. De manera literal. Si inicialmente el trazado a su paso por Gipuzkoa, el que sufragan las arcas públicas de la CAV, estaba presupuestado en 1.642 millones de euros, a día de hoy esa cantidad se ha disparado ya hasta rozar los 2.000 millones. Un incremento superior al 18%. Y lo peor es que, como se encargó de avisar ayer en el Parlamento de Gasteiz el consejero de Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, esa cifra ni siquiera es definitiva, puesto que aproximadamente el 35% de los tramos que componen el trazado aún está en fase de estudio informativo. En otras palabras: el coste seguirá creciendo y nadie sabe cuánto.

Estas cifras dan la medida de hasta qué punto este proyecto se ha convertido en una irracional «cuestión de estado». Mientras trata de enfrentar el déficit público con medidas que recortan sueldos y derechos a la vez que su propia popularidad, el Gobierno de Lakua se empecina en imponer este macroproyecto a pesar de la fuerte oposición que generan sus insostenibles costes ecológicos y sociales. Y ahora, además, económicos.