Cerca de una decena de asociaciones españolas censuraron el intento de la Secretaría de Estado de Comercio española que «pretende impedir la tramitación de la denuncia presentada el pasado 9 de abril por siete asociaciones para que se limiten las transferencias de armamento español al Reino de Marruecos».

Los grupos querellantes manifestaron en su escrito que la violación de derechos humanos en el Sahara Occidental «debería conllevar inexorablemente la calificación de Marruecos como un país no apto» para ser destinatario de la exportación de armas.

Ante la reacción oficial, los colectivos informaron de que realizarán «el análisis y estudio legal de la respuesta [...] para ejercitar las acciones legales oportunas».