Al menos 41 personas murieron y otras 523 resultaron heridas -más de 50 de gravedad- en los enfrentamientos entre ciudadanos de etnias kirguís y uzbeka registrados ayer en Osh, la segunda ciudad de Kirguistán. Se trata del peor brote de violencia desatado en este país desde los disturbios de principios de abril en la capital, Bishkek, que concluyeron con el derrocamiento del entonces presidente, Kurmanbek Bakiyev, y que pone a prueba la capacidad de las nuevas autoridades de controlar la situación en ese país de Asia Central, cuya estabilidad es fundamental para EEUU y Rusia, que tienen bases militares allí.

Tras descartarlo en un primer momento, el Gobierno provisional admitió el carácter interétnico de los enfrentamientos en el sur del país, donde reside una importante minoría uzbeka. «Se trata de enfrentamientos entre dos etnias. Necesitamos fuerzas para detener a la multitud y poner fin al derramamiento de sangre», declaró la presidenta interina kirguís, Rosa Otunbayeva.

Los desórdenes tuvieron lugar, informó Efe, en el centro de Osh tras una pelea masiva entre jóvenes kirguises y uzbekos, que degeneró en vandalismo, saqueo de comercios y quema de coches.

Las fuerzas de severidad fueron puestas en estado de máxima alerta y, según el Ministerio de Interior, lograron hacerse con el control de la situación y «desplazar a los grupos de jóvenes agresivos del centro de la ciudad». Medios locales informaron de que sólo controlan el centro de la ciudad y que los choques persistían en los suburbios, donde se oían disparos.

El Gobierno, que temía un empeoramiento de la situación esta madrugada, movilizó a un millar de policías y soldados para patrullar las calles de Osh, con autorización de abrir fuego para disolver a los grupos violentos.

El presidente ruso, Dimitri Medvedev, confió en que el Gobierno provisional demuestre «su legitimidad y capacidad de gobernar», porque, señaló, «la falta de autoridad y control conduce a la violencia». La Embajada de EEUU, por su parte, sostuvo que «la violencia no es una solución aceptable».

Mientras, Olga Otunvayeva, denunció que esa violencia es aprovechada -si no provocada- por fuerzas políticas que «buscan frustrar el referendo constitucional convocado para el 27 de junio», cuyo objetivo es recortar las facultades del jefe del Estado y convertir al país en una república parlamentaria, y allanar el camino a las elecciones legislativas convocadas para el 10 de octubre.