La Corte Constitucional guatemalteca abrió ayer una salida a la crisis institucional desatada tras la renuncia del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Carlos Castresana, al revocar el nombramiento del fiscal general, Conrado Reyes, que ocupaba el cargo desde el 25 de mayo por designación del presidente, Álvaro Colom. La decisión, que no resuelve si son o no ciertas las denuncias de Castresana contra el fiscal, fue adoptada por unanimidad y ahora Conrado Reyes deberá volver a presentar su candidatura.

Tras conocer el fallo, Colom se mostró «satisfecho» y aseguró que proceso de designación «tuvo problemas desde el inicio», informó Efe.

También reveló que durante una reunión con Carlos Castresana éste le presentó «pruebas y evidencias firmes» sobre sus acusaciones, que demuestran que «gente alrededor del fiscal» está implicada con estructuras paralelas.