Como estaba previsto, el Gobierno español ha recogido en su propuesta de reforma laboral, que quiere aplicar por decreto el próximo viernes, la iniciativa de la CEOE para que las empresas con pérdidas durante seis meses puedan hacer despidos individuales o colectivos de manera procedente, con lo que sólo deberán pagar veinte días de indemnización por año trabajado.

El Ejecutivo remitió ayer a los agentes sociales el borrador del decreto y espera contar con apoyos para aprobarlo el día 22 en el Parlamento. En el abaratamiento del despido quedará por decidir la cuantía de las pérdidas con que se justifique. El Gobierno pretende que se atribuyan a las empresas y no a los centros de trabajo de forma separada. Asimismo, abarata el despido procedente para el empresario, ya que de los veinte días por año trabajado de indemnización, no tendrá que pagar una cantidad equivalente a ocho días de salario.

Ese dinero correrá a cuenta de fondos públicos, concretamente del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Fuentes del Ejecutivo señalaron que se trataría de un modelo transitorio hasta la adopción del «modelo austríaco».

Fondo para despidos

Precisamente, siguiendo ese modelo, el decreto también crea un fondo para financiar las indemnizaciones por despido para contratos fijos. Se trata de una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de trabajo, que no se especifica. El trabajador podrá cobrarlo en caso de despido -descontándose de la indemnización que paga la empresa-, movilidad geográfica, o para actividades de formación. Si no lo hace efectivo, podrá cobrarlo en el momento de su jubilación.

No obstante, el decreto no detalla cómo se financiará y organizará dicho fondo, dejándolo para una posterior reglamentación. El fondo se aplicaría a los contratos fijos firmados a partir del 1 de enero de 2012.

Anulación del convenio

Las empresas podrán dejar de aplicar las condiciones salariales previstas en los convenios colectivos sectoriales «cuando su estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación y pusiera en peligro las posibilidades de mantenimiento del empleo».

De acuerdo con el borrador, en el caso de que un convenio sectorial no incluya la cláusula de descuelgue, ésta podría ponerse en marcha por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, previo desarrollo de un periodo de consultas de duración no superior a quince días. Si no hay acuerdo, el Gobierno establece la fórmula del arbitraje, que tendrá la misma eficacia que lo pactado en convenio colectivo.

Asimismo, la dirección de la empresa «cuando existan probadas razones económicas técnicas, organizativas o de producción» podrá modificar sustancialmente las condiciones de trabajo en cuanto a jornada, horario o turnos, con una fórmula de negociación y arbitraje similar a la del salario

Suspensión de contratos

Por otra parte, las empresas podrán reducir las jornadas laborales de sus trabajadores o suspender sus contratos «por causas económicas de fuerza mayor cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa». Según el texto, se entiende como reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Limita a un año la suspensión de los contratos de trabajo y la reducción de jornada.

Las empresas que apliquen esas medidas podrán beneficiarse de bonificaciones de hasta el 80% en sus cuotas a la Seguridad Social si realizan acciones formativas para los trabajadores afectados. La bonificación actual es del 50%.

Más bonificaciones

El aumento de las bonificaciones a las empresas se extiende a varias modalidades de contratos y aumenta hasta 1.400 euros durante tres años si contratan de forma indefinida.

Así, las empresas que empleen a parados de entre 16 y 31 años con especiales problemas de empleabilidad tendrán una bonificación de 800 euros durante tres años, que será de 1.000 euros si son mujeres. Para los mayores de 45 años la bonificación será de 1.200 euros y de 1.400 para mujeres.

Para las empresas que transformen contratos formativos, de relevo o de sustitución por anticipación de la edad de jubilación en indefinidos, la bonificación en la cuota será de 500 euros durante tres años y si son mujeres la cuantía ascenderá a 700 euros. Para los contratos de formación, hasta el 31 de diciembre de 2011 la bonificación será del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social si suponen un incremento de la plantilla.

Contratos por obra

Por otra parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó también que en el documento del Gobierno se incluye que los contratos por obra tengan un máximo de dos años ampliable a tres.

Recordó que en la última negociación con los sindicatos y la patronal, que acabó sin acuerdo, se barajó primero la posibilidad de que el máximo fuera de dos años y medio, y después se decidió discutir el límite de tres años, para satisfacer a la patronal. También se aumenta la indemnización de despido de ocho a doce días en los contratos temporales. Pero este incremento se pospone a 2011 y no será efectivo este año.

El ministro rechazó que flexibilidad sea lo mismo que precariedad, y aseguró que supone el paso necesario para «conseguir seguridad y mantener puestos de trabajo».

Según fuentes citadas por Efe, el Ejecutivo es optimista con la posibilidad de tener el apoyo del PP, así como de CiU y el PNV. Corbacho y el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, se entrevistarán el martes para intentar encontrar puntos de encuentro.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso tranquilizar a las patronales europeas con el contenido de la reforma laboral, y les garantizó que el Estado español está «haciendo los deberes», en un encuentro con el consejo de presidentes de BusinessEurope, que agrupa a más de cuarenta organizaciones empresariales europeas.

El 18 de julio Zapatero se reunirá con el director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, con la reforma laboral que este organismo le ha venido pidiendo insistentemente.