La reunión celebrada el jueves en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria, en la que participan el Gobierno de Lakua y sendos representantes de las tres diputaciones de la CAV, dibujó negro sobre blanco cuáles son las posiciones de cada uno de los partidos que controlan las diferentes instituciones y dejó al descubierto las falacias que han articulado el debate político reciente sobre una hipotética reforma tributaria encaminada a paliar los efectos de la crisis.

El PNV mantiene de forma numantina su inapelable oposición a cualquier reforma impositiva que suponga incrementar la presión fiscal sobre las clases más acomodadas. Si algo se puede reconocer al partido de Urkullu es su fidelidad a un modelo que protege a quienes más tienen, como en este caso, y carga los costes de la crisis sobre los trabajadores. El líder del PSE, por contra, ha alzado la voz varias veces en las últimas semanas para reclamar mayores gravámenes para las rentas elevadas, reclamando incluso la recuperación del Impuesto de Patrimonio, pero a la hora de la verdad se esconde detrás de absurdos argumentos que le llevan a postergar cualquier actuación hasta el final de la crisis. Y cuando puede hacer propuestas concretas, como el jueves, no las hace. Al final, y pese a la retórica vacua, ambos coinciden en no tocar a los pudientes para seguir exprimiendo a los trabajadores.