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60 organizaciones catalanas rechazan que Garzón lidere la causa contra el franquismo

Sesenta organizaciones catalanas presentaron un manifiesto «por la ruptura y el fin de la impunidad» para impulsar un replanteamiento en la manera de abordar la memoria histórica, y rechazan que el juez Garzón o la Audiencia Nacional española lideren la causa contra el franquismo.
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Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM |

Emocionado encima del escenario, el ex preso político Josep Maria Pi Janeras relató las torturas y palizas que sufrieron los que, como él, estuvieron encarcelados los últimos años del franquismo. Pi era joven y militaba en una de las organizaciones de la extrema izquierda catalana en los años setenta. Y participó en una protesta para evitar la ejecución de Juan Paredes Manot, Txiki. Aquella protesta le llevó a la cárcel.

Ayer lo contaba en un acto celebrado en el centro de Barcelona, convocado por sesenta organizaciones de los Països Cata- lans, para presentar el manifiesto «Por la ruptura con el franquismo y el fin de la impunidad de los crímenes de la dictadura». Sus impulsores son sindicatos de izquierda, organizaciones de la izquierda independentista y alternativa, ateneos locales, grupos de historiadores y también algunas de la principales asociaciones que reivindican la memoria histórica: Associació Memòria Contra la Tortura, Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, Comissió de la Dignitat y Fòrum per la Memòria del País Valencià.

En la cárcel, Josep Maria Pi coincidió con Txiki antes de que éste fuera fusilado. Y ayer coincidió en el escenario con Diego Paredes Manot, el hermano del militante vasco ejecutado. Diego llevaba una carta, la última carta que escribió Txiki en la prisión en septiembre de 1975, pocos días antes de su muerte.

Diego puso voz a las palabras de su hermano: «Por medio de este escrito quiero dar a conocer una vez más la opresión que sufre el pueblo vasco y todos los pueblos de España bajo el actual régimen de Franco. Es inconcebible que un puñado de hombres sin escrúpulos jueguen con la vida de todo un pueblo y que asesinen a sus militantes revolucionarios por medio de sus fuerzas represivas y por sus tribunales, por el simple hecho de luchar por la libertad».

Tarea pendiente

Pero Diego Paredes no se quedó en 1975 y vino hasta la actualidad para denunciar que «hoy, aquí y ahora, la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del régimen fascista y genocida del general Franco y del Movimiento Nacional siguen siendo tareas tan pendientes como hace treinta años. Porque aquí y ahora el final real del franquismo, del fascismo, sólo será definitivo si está asentado en la posibilidad de ejercitar la libertad y la democracia individual y colectivamente, sin ambages, sin restricciones y sin amenazas».

En declaraciones a GARA, uno de los promotores del manifiesto, el arqueólogo Ermengol Gassiot, que ha participado en la excavación de fosas comunes en Catalunya y Andalucía, explicaba que uno de los motivos que les impulsó a redactar el manifiesto era reivindicar, desde las organizaciones políticas, sociales y sindicales de la izquierda catalana, «un replanteamiento sobre cómo se aborda la memoria histórica, que ha adquirido una nueva dimensión a raíz del procesamiento del juez Baltasar Garzón».

Y ese replanteamiento se basa en «centrar el problema principal, que es la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que perpetró el franquismo, y denunciar las políticas de silencio y encubrimiento de estos crímenes, que han continuado durante el denominado periodo democrático».

Gasiot añadió que «hay que juzgar los crímenes del franquismo, pero no lo puede hacer la Audiencia Nacional, pues un tribunal heredero del TOP (Tribunal de Orden Público) no es una institución competente por sus antecedentes para hacer esta tarea tan necesaria».

130.195 ejecutados

Se ha contabilizado la ejecución por el franquismo de 130.195 personas entre 1936 y 1945. Se tienen los nombres de todas ellas, aunque es un cálculo incompleto porque hubo muchos otros casos de los que no hay constancia.

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Josep Fontana, catedrático de historia y adherido al manifiesto, señaló que «aquello no fue un enfrentamiento entre hermanos, sino la intención de acabar con el proyecto republicano de construcción de una sociedad democrática».

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