Acuerdo estratégico independentista
Objetivo: un Estado vasco para asegurar el futuro social y económico de Euskal Herria
I. IRIONDO
Los firmantes de este acuerdo específico señalan nítidamente que su «objetivo principal es la constitución de un Estado vasco independiente en un escenario internacional pleno de interdependencias políticas y económicas». Lo consideran como «único modo de asegurar el futuro de Euskal Herria», tanto en el plano nacional como también en el «social y económico».
La apuesta por la independencia se entiende «como la opción más beneficiosa», porque «sin Estado propio tenemos el riesgo de perpetuar la imposición y la subordinación».
EA y la izquierda abertzale reconocen las relaciones de interdependencia que se dan en el ámbito internacional, pero sostienen que éstas deben de partir del entendimiento y el acuerdo, puesto que «desde la subordinación no es posible construir nada en común».
«Deseamos la soberanía -se lee en el acuerdo- para poder vivir en paz con los demás pueblos y desarrollar relaciones de solidaridad recíprocas. Euskal Herria está dispuesta a compartir su soberanía con otros pueblos en la construcción de la futura Europa, pero primero debemos ser soberanos ejercitando democráticamente nuestro derecho de autodeterminación».
Y desde ese punto de vista, se añade que «la constitución del Estado vasco no va contra nadie. No queremos muros en el Ebro o en el Aturri. Queremos compartir con otros estados, pueblos y naciones desde el desarrollo en todas sus dimensiones de un proyecto nacional vasco».
«Mejora equitativa de la vida»
La izquierda abertzale y Eusko Alkartasuna señalan en el documento acordado que su objetivo está «intrínsecamente ligado a un proyecto económico y social que desarrolle nuestras potencialidades desde un prisma integral propio y siempre dirigido a la mejora equitativa de las condiciones de vida de toda la ciudadanía».
En ese terreno, muestran su convicción de que «el espacio socioeconómico vasco, desde la constitución de un Estado, tiene una gran virtualidad y potencialidad estratégica».
Ambas formaciones manifiestan que les «preocupa el bienestar de las personas, y siendo progresistas trabajaremos por la justicia social enfrentando la exclusión social y las situaciones de desigualdad». Por ello, se comprometen a «la creación de un marco propio tanto en el ámbito socioeconómico como de relaciones laborales y de seguridad social».
También abogan por «un régimen económico especial» que garantice «la soberanía económica fiscal y financiera» y se sitúe en igualdad de condiciones respecto a cualquier régimen económico y fiscal presente en la Unión Europea.
El espacio socioeconómico vasco se convierte para los firmantes del acuerdo en «una cuestión determinante para la virtualidad futura del Estado vasco y su proyección para un modelo social justo».
Nueva institucionalización
El objetivo de construir un Estado vasco pasa, según EA y la izquierda abertzale, por superar las actuales estructuras jurídico-políticas y lograr otras nuevas «que posibiliten a las instituciones vascas disponer de competencias y capacidades en materia económica, social, cultural y lingüística superando la vigente realidad restrictiva e impositiva».
A su vez, para el ejercicio del derecho de autodeterminación como pueblo precisa primero de una fase de «reconocimiento e institucionalización del sujeto nacional vasco».
Los firmantes del acuerdo reconocen sus diferencias anteriores en la valoración del actual marco autonómico, pero ahora coinciden en que está agotado y es necesario un marco nuevo «desde el reconocimiento nacional y respeto a la voluntad popular».
Es desde la capacidad para decidir libremente -«sin injerencias de nadie, ni de ningún tipo»- la estructuración interna y externa del país, desde donde «la ciudadanía de los distintos territorios tendrá la oportunidad de resolver el problema de la división territorial, y de poder optar por la independencia u otra fórmula de relación con los estados español y francés».
El respeto a las decisiones de la ciudadanía es fundamental y se señala que cualquier modificación deberá contar con su refrendo. EA y la izquierda abertzale se comprometen a debatir y consensuar previamente las propuestas que vaya a hacer el independentismo.
En el acuerdo se recoge el objetivo de acompañar los nuevos marcos con «la constitución de instituciones nacionales desde el reconocimiento y consideración de la realidad institucional vigente en cada momento».
«Desde la actual realidad jurídica y administrativa impulsaremos la estrategia basada en la construcción y ordenación nacional, tanto por medio de medidas específicas de carácter nacional como por medio de medidas que puedan tener carácter transitorio», concluyen.
Es preciso «dar los pasos adecuados para desarrollar una política lingüística integral» y lograr «la oficialidad plena» en todo el territorio, con el fin de «alcanzar una Euskal Herria euskaldun formada por ciudadanía multilingüe».
En cualquier actuación social o política se tomarán las medidas, también de discriminación positiva, para avanzar hacia la desaparición de todas las situaciones de discriminación y violencia que todavía sufren las mujeres.
Todas las políticas públicas tendrán visión nacional y se basarán en el respeto a la naturaleza, cuidando las fuentes energéticas y los recursos naturales, garantizando el equilibrio con las necesidades económicas y sociales.
La «educación de calidad» es un derecho. Es necesario un modelo propio, público y participativo, obligatorio entre los 3 y 16 años. Se impulsará una universidad para el conjunto del país y la formación profesional, la continua y para el empleo.
Apuesta por un sistema sanitario público de calidad, universal y gratuito. La salud es un derecho que debe ser garantizado y el objetivo de la actividad sanitaria no es el beneficio económico sino el bienestar físico y síquico de las personas.
El acuerdo estratégico entre EA y la izquierda abertzale recoge que «la democracia parlamentaria necesita de una profunda remodelación con medidas eficaces de participación popular y garantías para la no utilización de la administración pública como instrumento para la corrupción y el clientelismo». Así las cosas, «el independentismo se compromete a liderar esta forma de participación que haga posible devolver el poder a la ciudadanía». Una y otra vez aparecen en el documento apelaciones a la ciudadanía, a su participación, al respeto de las decisiones que adopte y a su condición de última instancia para refrendar los cambios.
Si el objetivo a futuro es la creación de un Estado vasco, la prioridad de los firmantes es «la superación del conflicto político y la desaparición definitiva de la violencia». Para lograrlo se proponen «impulsar el proceso de profundización democrática y llevarlo a su pleno desarrollo».
Si «la razón del conflicto reside en la negativa estructural a que la ciudadanía vasca sea dueña de su destino», la resolución debe venir de «un proceso democrático que, desde el diálogo, negociación y el acuerdo entre los agentes políticos, establezca los compromisos indispensables para respetar la decisión de la sociedad vasca, haciendo posible el desarrollo democrático de todos los proyectos políticos en el conjunto» del país.
En el acuerdo se señala también que «el conflicto ha traído violencia y, por desgracia, las expresiones de violencia y el sufrimiento siguen presentes». Fente a esto, EA y la izquierda abertzale se comprometen «con el uso de vías exclusivamente democráticas y la defensa de los derechos humanos».
Para superar cuanto antes «una realidad de múltiples violencias» y «a sabiendas que la resolución no será un camino fácil», los firmantes consideran necesario «empezar a dar pasos» que se materialicen «desde ahora en compromisos concretos en esa superación de la violencia».
Entienden que «el proceso de diálogo multipartito debe desarrollarse en base a los `principios Mitchell', en particular en lo referente al compromiso exclusivo con las vías pacíficas y democráticas para la resolución del conflicto; y el compromiso con renunciar al uso de la violencia, y al rechazo a todo intento por otros al uso de la fuerza, o la amenaza de usarla, para intentar influir en el curso o el resultado de las negociaciones multipartitas».
En el acuerdo, EA y la izquierda abertzale también recogen que «el proceso democrático en marcha necesita para su desarrollo, además de recuperar las condiciones democráticas mínimas», que se den avances en diferentes ámbitos.
Uno de ellos es el «reconocimiento de los derechos civiles y políticos básicos», lo que supone que «el derecho de manifestación, organización, así como el de libertad de expresión, no deberán ser reprimidos». Los firmantes exigen «la derogación de la Ley de Partidos Políticos y el establecimiento de medidas que solucionen las situaciones ilegítimas que actualmente se padecen en las instituciones públicas. Consideramos básica -señalan- la aceptación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos sociales, económicos y culturales, así como la carta de derechos de las mujeres».
También exigen avances hacia la anulación de «las medidas que buscan el castigo sin medida de las presas y presos (cadenas perpetuas, negativas a conceder libertades condicionales, negativas a liberar a quienes están gravemente enfermos o enfermas, dispersión, aislamiento...)». Demandan al mismo tiempo «su traslado a prisiones de Euskal Herria. Se debería empezar a dar pasos en un proceso que tenga por objetivo la excarcelación de todos y todas las presas políticas».
Ven necesaria la «supresión de las medidas e instrumentos utilizados para la represión política, incluidos los procesos judiciales contrarios a los derechos civiles y políticos y a la libre actividad política». El acuerdo estratégico aboga por la «desactivación de la presión policial que sufren los sectores populares».
EA y la izquierda abertzale exigen el «el fin de las amenazas y presiones contra toda persona».
Este apartado termina recogiendo que «después de asumir el compromiso firme y definitivo del uso en exclusiva de las vías pacíficas, políticas y democráticas y con la puesta en marcha de estas medidas, a través del diálogo entre los diversos agentes se conseguirá el acuerdo político. Hemos empezado a dar pasos para que la violencia consecuencia del conflicto político, desde el inicio del proceso quede definitivamente atrás. Asimismo, consideramos que es necesario avanzar para reparar y superar sus graves consecuencias». Y concluye que «el proceso democrático nos debe llevar a un escenario que garantice el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca». I.I.
